La reforma local que prepara el Gobierno prevé dar de plazo hasta junio de 2015 a los grandes ayuntamientos para que apliquen el recorte en el número de asesores al que se van a ver obligados, una medida que entrará en vigor sin embargo para todos los demás municipios en cuanto se apruebe la nueva ley de racionalización de la administración local. Según prevé Hacienda, a finales de este año.

La norma establecerá un número máximo de asesores para cada municipio, dependiendo de su tamaño; en el caso de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, esta plantilla eventual no podrá superar el 0,7 por ciento del número de funcionarios, una restricción que en estos momentos solo afecta a Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia.

En el anteproyecto de ley en el que trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se recoge en la disposición transitoria séptima esta salvedad. Hasta el 30 de junio de 2015, estos municipios podrán mantener un número de asesores equivalente al 1,5 por ciento de sus plantillas, es decir, el doble del 0,7 por ciento al que deberán ajustarse después.

En el mismo apartado se incluye también la salvaguarda de que esa plantilla de asesores eventuales "en ningún caso" podrá crecer con respecto a la plantilla que existía a 31 de diciembre de 2012.

El ayuntamiento en teoría más afectado por esta limitación, el de Madrid, se ajusta ya a la nueva normativa desde los recortes que aplicó en enero, según el propio consistorio. Madrid suma 29.153 empleados en total y tiene 85 plazas de personal de confianza en áreas de gobierno, 84 en los grupos municipales, 41 en los 21 distritos y tres en el Pleno.

El resto de las medidas previstas en esta reforma entrará en vigor en cuanto se apruebe y publique la ley, lo que el Gobierno espera que ocurra a finales de este año. Es decir, un año antes de las próximas elecciones municipales de 2015 los municipios.

Ese será el caso de una de las novedades de la norma, la limitación del número de concejales con sueldo fijo, con dedicación exclusiva. La entrada en vigor de la norma obligará a los ayuntamientos a fijar el número de concejales con nómina municipal que corresponde a cada grupo y cada grupo, después, decidirá qué compañeros se quedan con sueldo y cuáles no. Estos otros solo cobrarán dietas por asistir a comisiones y plenos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene previsto crear un canal de comunicación con los ayuntamientos para resolver todas las dudas que surjan de la aplicación de la nueva ley.

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