El Ayuntamiento de Málaga advierte de la paralización de la atención a la dependencia por parte de la Junta

Afirma que en el último semestre de 2012 sólo dio cuatro altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio
El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y la directora general
El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y la directora general
EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y la directora general

El concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, ha denunciado este martes la paralización por parte de la Junta de Andalucía de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.

De hecho, ha advertido de que en el último semestre de 2012 sólo se ha concedido el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a cuatro personas, existiendo una lista de espera de 473 ciudadanos, que han sido valorados y que están a la espera de la resolución administrativa por parte de la Junta de Andalucía.

Se ha podido constatar un "alarmante" incremento en el tiempo empleado por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social para emitir las resoluciones necesarias para que los malagueños accedan a las prestaciones, lo que deja a estos ciudadanos en una situación de "indefensión importante", ha señalado en rueda de prensa el edil del PP.

En proceso administrativo actual es el siguiente: el Ayuntamiento realiza la primera atención al ciudadano, que remite a la Junta para que emita una valoración de dependencia. Posteriormente, el Ayuntamiento realiza el Programa Individual de Atención (PIA), que envía de nuevo al Gobierno andaluz para que emita una resolución y el ciudadano pueda acceder a la ayuda concedida.

El tiempo medio empleado por la Delegación Territorial para la valoración fue de 248 días en 2012, frente a los 84,3 días que tardaba en 2010 —la normativa marca una demora máxima de tres meses—.

En la resolución de las PIA el tiempo medio fue de 127 días en el año 2012, frente a los 63,7 días que utilizó en 2010 —en este caso la norma fija un máximo de 30 días—.

"Esta excesiva demora empleada por la Junta de Andalucía deja a los ciudadanos sin unas ayudas que son vitales para el desarrollo de su vida cotidiana y que en la práctica supone una paralización del sistema de dependencia", ha expuesto Pomares.

Esto se traduce en "una drástica caída" de la tasa de reposición de expedientes, que en el año 2012 fue del 22 por ciento, en 2011 del 40 por ciento y en 2010 del 75 por ciento.

Ayuda a domicilio

El Servicio de Ayuda a Domicilio es la única de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia que ofrece el Ayuntamiento de Málaga.

El pasado año un total de 1.894 personas recibieron estas ayudas. Desde 2008 se venía registrando un incremento de las mismas, ese año las altas en el sistema fueron 689 y en 2009 se sumaron 830. Sin embargo, en 2010 sólo fueron 338 y en 2011 se redujeron a 88, llegando al pasado año, en el que no se registraron nuevos usuarios, sino que éstos se redujeron en 51.

Por ello, en opinión del concejal de Derechos Sociales hay "una situación de congelación del sistema", tal y como ya alertó el pasado mes de diciembre el Defensor del Pueblo Andaluz.

A ello hay que añadir, según Pomares, que, "en contra de lo que dicta la normativa", se ha detectado que "cuando un usuario cambia de localidad de residencia, se le da de baja en el sistema y tiene que volver a iniciar los tramites administrativos; que la Junta de Andalucía no ha cumplido el plazo de seis meses para ejecutar el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia para la mejora del sistema, y que se ha reducido una media del cinco por ciento la aportación de la Comunidad Autónoma a los centros residenciales y centros de día".

De igual modo, ha incidido en "la reducción del 10,5 por ciento para este año en la aportación autonómica para mantener cada una de las plazas de estos centros, y en la desaparición de los administrativos que trabajaban en temas de dependencia, lo que ha ralentizado el sistema, siendo los empleados municipales de los centros de Servicios Sociales Comunitarios quienes atienden las demandas".

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