El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) ha aprobado este martes presentará una demanda de desahucio por precario del Palacio de Justicia de la localidad contra la Generalitat, ya que el edificio es de titularidad municipal, está "pagado y escriturado" por el consistorio y lleva "ocupado ocho años sin ningún tipo de convenio", según ha acordado este martes la Junta de Gobierno Local.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo oriolano, la socialista Antonia Moreno, quien ha relatado que el Ayuntamiento lleva "más de un año" intentando firmar un acuerdo con el Consell para desarrollar la rehabilitación de los antiguos juzgados de la población como centro de salud, lo cual ha derivado en la decisión de emprender las acciones judiciales.

Moreno ha indicado que el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, anunció que, antes de la pasada Navidad, "suscribiría el acuerdo al que había llegado" con el municipio, después de haber mantenido varias reuniones con el alcalde, Monserrate Guillén, el secretario autonómico de Hacienda y con el director general de Patrimonio.

"Hasta aquí hemos llegado. Tienen un borrador de convenio que le enviamos, tienen tasaciones nuestras, documentación del registro, nos han tenido trabajando intensamente durante todo un año y desde que Serafín Castellano es conseller de Justicia, se apagó la luz", ha resaltado.

La portavoz ha explicado que el consistorio y Conselleria alcanzaron un acuerdo "muy ventajoso socialmente para Orihuela", por el cual el Ejecutivo autonómico tenía que construir un centro de salud en la zona del Rabaloche de la población por 2,1 millones de euros, así como permutar los edificios de los nuevos y los antiguos juzgados, pagando otros tres millones "de diferencia de valor entre ambos".

En este sentido, Moreno ha agregado que se propuso "una compensación en obra", consistente en rehabilitar el "antiguo" inmueble judicial para habilitar allí el centro de salud "hasta que la situación económica mejorara y la Generalitat pudiera construir un recinto nuevo en el solar reservado al efecto, con la única condición de que estuviera ejecutada la obra antes de fin de 2012".

Además, ha puntualizado que tras su "última" visita, los representantes del Consell "se llevaron" nombres de empresas que "estaban dispuestas" a realizar la actuación y a financiar a Conselleria "con pagos aplazados". "No hay marcha atrás, asumo las consecuencias de esta decisión, pero primero está este pueblo y la deuda tiene ya 10 años, si no tienen dinero que lo pinten", ha recalcado.

"queremos la permuta y el dinero"

Así, ha expuesto que "en los próximos días" se designará un abogado y un procurador, al tiempo que este martes se comunicará la decisión a la decana del Palacio de Justicia de Orihuela. "Queremos la permuta, queremos el dinero —que ha cifrado en tres millones de euros— y con ese importe, que es de todos los oriolanos, construir el centro de salud", ha afirmado.

"Este es el momento en que ni están ni francamente les esperamos. Particularmente me he cansado de esperar, no he querido creer a quienes me avisaron de que llegaría este punto. Confieso que he defendido siempre al secretario autonómico, a la Conselleria, confieso que he confiado en la palabra que me dieron, he pecado de ingenua", ha enfatizado la portavoz municipal.

"nula de pleno derecho"

Por su parte, la presidenta del PP de Orihuela y concejal en el Ayuntamiento, Pepa Ferrando, ha manifestado que la medida aprobada por la junta de Gobierno local "es nula de pleno derecho", y ha incidido en que ha sido acordada sin el "prescriptivo informe" de Secretaría.

Ferrando se ha expresado en estos términos a los periodistas tras comparecer en rueda de prensa, y ha anunciado que la formación 'popular' "emprenderá acciones legales, porque no se pueden tomar acuerdos sin informes técnicos".

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