El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto reducir la provisionalidad en la función pública aragonesa, reforzar el control de la misma y flexibilizarla. García Vicente ha comparecido este martes en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes, donde ha presentado un informe especial sobre el estado del empleo público.

"La gente que trabaja en la Administración lo hace muy bien y es muy vocacional", ha continuado el Justicia, quien ha agregado que los empleados públicos "son fundamentales".

En el ámbito de la Administración general se deben celebrar procedimientos de provisión de plazas para regularizar la situación de los empleados en situación provisional, ha dicho el Justicia, apoyando de este modo los concursos que está convocando el Gobierno de Aragón durante esta legislatura con este fin. Ha criticado la excesiva duración de algunas comisiones de servicios.

El Justicia ha destacado que "la crisis ha congelado las ofertas de empleo de una manera muy sensible" y de hecho "no se convocan oposiciones y las plazas vacantes se están cubriendo con interinos". Otro fenómeno de la Administración aragonesa es la reducción de las retribuciones de los funcionarios, lo que tiene "un efecto desmotivador y peligroso" ya que si bien la mayoría seguirán trabajando "con la misma rectitud", ello "incita a la corruptela".

En el ámbito de la sanidad, "deben ordenarse las categorías del personal estatutario", ha proseguido el Justicia, quien ha rechazado que persistan algunas categorías laborales como tapicero y peluquero.

FLEXIBILIDAD

Respecto a la falta de flexibilidad ha señalado el Justicia de Aragón que hay unidades de la Administración donde hay exceso de personal mientras que en otras similares falta y no se puede trasladar personal.

Ha puesto de relieve que hay hospitales que por la tarde funcionan "a medio gas". Al respecto ha indicado que hay cirujanos que operan más por la tarde, cuando el pago por intervención es más elevado y se ha mostrado partidario de contratar a otros profesionales si es necesario. Ha rechazado estas "peonadas".

Fernando García Vicente ha afirmado que "hay que aumentar el control de la Administración" y como ejemplo ha dicho que hay docentes de la Universidad de Zaragoza con dedicación exclusiva que no han impartido una clase en un año lectivo.

"Hay que establecer mecanismos que permitan la evaluación efectiva del puesto" de trabajo de los empleados públicos "consagrando la oposición como sistema selectivo normal" basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como revalorizar los exámenes de acceso, ha considerado.

También ha señalado que cuando cesa un Gobierno el personal eventual con plaza de funcionario ha tardado "tiempo y tiempo" en recibir el nuevo destino.

Ha dicho que es necesario "pedir responsabilidad" y ha aludido al funcionamiento de las Administraciones públicas en el extranjero, explicando que si una obra pública sale a licitación y a lo largo de su desarrollo sube el precio un cinco por ciento "se rescinde la obra automáticamente y al que ha hecho el proyecto se le pide responsabilidad".

García Vicente ha advertido que la Administración autónoma aragonesa recurre a la gestión privada, frente a lo cual ha recomendado "optar por el régimen estatutario con carácter general para los empleados públicos" en el sentido de que "tiene que haber menos empresas públicas y menos contratados laborales". Ha considerado necesario aprobar la Ley de Función Pública Aragonesa.

Sobre los recortes en la Administración ha indicado que "hay que hacerlos con cuidado y adiestrar mejor, tener mucho cuidado de que la Administración no deje de ser eficaz".

EXPEDIENTES

Durante los últimos 15 años el Justicia ha tramitado 2.317 expedientes y ha realizado 513 sugerencias a la Administración aragonesa sobre función pública. En total trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma 40.163 personas, de los que el 22 por ciento son interinos en los servicios generales, el 13 por ciento en Justicia, el 23 por cien en sanidad y el 27 en Educación en el curso 2011-2012, ha señalado.

Por otro lado el 48 por ciento de los empleados de la Administración General y el 17 por ciento de la sanitaria tienen la plaza de forma provisional.

El Justicia ha aseverado que "lo que hace que Francia sea un gran país" es el bachillerato y "la función pública que tiene, una Administración que, cuando hay crisis, hace que Francia siga funcionando exactamente igual".

GRUPOS

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha criticado la elevada tasa de interinidad y ha afirmado que en Aragón falta "una política de gestión de recursos humanos" en la Administración. En opinión de Barrena las críticas al coste de la Administración forman parte de una "campaña orquestada para decir que la democracia es cara".

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha compartido con el Justicia su preocupación por el empleo y ha alertado de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Ha defendido el "derecho a una buena Administración".

El diputado del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha señalado que hay un alto grado de interinidad y ha comentado que algunos problemas de la Administración, como "la falta de agilidad" se arrastran desde hace años, no están causados por la crisis.

La parlamentaria socialista María Victoria Broto ha puesto en valor el trabajo de los funcionarios y ha proclamado su apoyo a "todo lo público", tras lo que ha lamentado las "graves" dificultades que está atravesando la función pública con motivo de la crisis.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha destacado que los Gobiernos de España y Aragón están poniendo "soluciones" a los problemas de la Administración Pública, en alusión a las "reformas estructurales" que está implementando el PP. Ha recordado que en Aragón se han aprobado las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y se están convocando los concursos para ordenar la función pública.