El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha señalado este martes que la Fiscalía Superior de Andalucía "tendrá sus razones" para haber solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene la continuación del procedimiento contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por su actuación como piquete informativo durante la huelga general del pasado 29 de marzo.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa eludiendo dar "su opinión" acerca de este tema, puesto que, según ha argumentado, "la Fiscalía del TSJA es un órgano independiente del Poder Legislativo, yo represento precisamente al Poder Legislativo, mientras que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial". Al respecto ha apuntado que "habrá que esperar a ver lo que decide quien finalmente lo puede decidir, que es el Tribunal Superior de Justicia", ha apostillado.

De esta forma, la Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cite a Sánchez Gordillo como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores y dos faltas de coacciones por las acciones desarrolladas el pasado 29 de marzo.

Así consta en el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público al auto de sobreseimiento libre dictado por el alto tribunal andaluz, que entendió que la participación del aforado el día de los paros en cinco emplazamientos distintos en la provincia de Sevilla no fueron constitutivos de delito y devolvió la causa a un Juzgado de Estepa con respecto a su actuación en un supermercado por si hubiera cometido una falta de coacciones.

El departamento que dirige Jesús García Calderón considera sin embargo en el recurso presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, que Sánchez Gordillo lideró junto al sindicalista Antonio P.C. piquetes que no fueron informativos sino que traspasaron "ampliamente" el "generoso límite constitucional" para ejercer y defender el derecho a la huelga, y se transformaron en "verdaderos piquetes o grupos coactivos".

Concretamente, el fiscal ve sendas faltas de coacciones en lo ocurrido en la oficina de la Diputación de Sevilla, donde Sánchez Gordillo se entrevistó con el responsable y le indicó que el grupo no la abandonaría mientras que no cerrara, mientras el piquete profería gritos a los trabajadores de 'esquiroles'; y en la finca de Agrosevilla, donde, tras la negativa de cierre del gerente, el parlamentario se expresó en megafonía en los siguientes términos: "La próxima vez venimos con escaleras si hace falta, y entramos dentro y echamos a todo el que esté dentro. Por las buenas o por las malas. Se lo he dicho así de claro".