La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui ha mostrado su repulsa a las condenas impuestas a los saharauis del campamento Gdeim Izik.

Estas condenas, subrayan, han sido impuestas por los "arbitrarios" juicios celebrados recientemente por un tribunal militar de Marruecos en contra de ciudadanos saharauis defensores de los Derechos Humanos, que formaron parte de Gdeim Izik, el campamento de la libertad, en los territorios "ocupados ilegalmente por el reino feudal de Marruecos", recordó el colectivo en un comunicado.

En concreto, indicaron que el pasado 1 de febrero se constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, puntualizó, "sin competencia alguna, ha juzgado durante más de una semana a 24 saharauis que permanecían desde noviembre de 2010 en la cárcel de Salé Rabat por haber participado en el Campamento de Gdeim Izik".

Al respeto, se apuntó que tras permanecer más de dos años en prisión, los presos políticos saharauis escucharon en la madrugada del domingo, 17 de febrero de 2013, que el Tribunal Militar de Rabat dictaminara un veredicto "de extrema dureza, ante la pasividad de la comunidad internacional".

En este sentido, critican que la sentencia contempla para nueve saharauis la pena a cadena perpetua, a otros cuatro se les condena a 30 años de prisión, a seis saharauis a 25 años de cárcel, a tres se les condena a 20 años y dos saharauis se les impone una pena de dos años "ya cumplidos".

Ante ello, la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui manifestó su repulsa hacia las condenas emitidas por un "vergonzoso tribunal militar que juzga a su antojo a ciudadanos saharauis que defienden el derecho a la autodeterminación y a la libertad de su pueblo" y critican la "grave injusticia que una vez más" muestra la "verdadera cara" del Gobierno marroquí que, inciden, en que "continúa actuando en contra de la Legalidad Internacional y los Derechos Humanos".

Añaden que el juicio "es considerado ilegal" según el Derecho Internacional y la propia legalidad de Marruecos, país que ocupa de forma "ilegal" el territorio, por lo que subrayan "no tiene jurisprudencia sobre la población saharaui".

Asimismo, exigen al Gobierno de España, "potencia administradora del Sahara Occidental, y a todas las instituciones que respetan el derecho y la legalidad internacional, que se opongan a la condena emitida por el Tribunal Militar marroquí, exigiendo la libertad inmediata de todos" los presos políticos saharauis.

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