Subdelegación señala que se "limita a cumplir la ley" al requerir a la Diputación que anule las oposiciones

La Subdelegación de Huelva ha asegurado este lunes que se "ha limitado a cumplir la ley" al emitir un requerimiento para que la Diputación anule el decreto relativo a las ofertas de empleo público correspondientes a los años desde 2004 al 2008, ya que se tratan de unas ofertas de empleo público "de hace nueve (2004) a cinco años (2008)" y en todo caso, según señala el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), "la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

La Subdelegación de Huelva ha asegurado este lunes que se "ha limitado a cumplir la ley" al emitir un requerimiento para que la Diputación anule el decreto relativo a las ofertas de empleo público correspondientes a los años desde 2004 al 2008, ya que se tratan de unas ofertas de empleo público "de hace nueve (2004) a cinco años (2008)" y en todo caso, según señala el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), "la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

Todo ello después de que el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Martín (PSOE), haya lamentado "profundamente" que la Subdelegación "haya instado a la nulidad" de las oposiciones para 49 plazas que se habían convocado y haya asegurado que habrá un proceso de litigio porque el ente provincial va a intentar seguir adelante y "defender la legalidad de la convocatoria".

Según una información emitida por la Subdelegación, se han basado en el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos", a lo que añade que "en todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años."

A su vez, según citan, el BOP del 22 de enero de 2013 recoge que el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, mediante decreto número 80, de fecha 9 de enero de 2013, ha aprobado los anexos a las bases generales aprobadas mediante decreto número 589, de 13 de marzo de 2009 y publicadas en el BOP número 57, de 24 de marzo de 2009, que habrán de regir para las convocatorias de las pruebas selectivas para el ingreso en las plazas del grupo a1 y a2, contenidas en las ofertas públicas de empleo de los años 2004-2008. Es decir, en este caso "se trata de ofertas de empleo público de hace nueve años (2004) a cinco años (2008)".

Una vez conocido por esta Subdelegación a través del BOP que se iba a convocar las pruebas para estas plazas, aseguran desde la institución que se ha emitido un requerimiento para que la Diputación anule el decreto relativo a las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, pudiendo presentar las alegaciones que considere oportunas.

No es este el primer caso, ya que anteriormente y por motivos similares se ha emitido igual requerimiento a ayuntamientos de la provincia, según han indicado desde la Subdelegación.

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