El Pleno del Parlamento ha acordado este lunes instar al Gobierno regional a incluir "todas" las sentencias de "todos" los ayuntamientos en el Plan de Derribos, y a "remover obstáculos" para "solucionar cuanto antes" los problemas de los ciudadanos y ayuntamientos afectados por las demoliciones.

Así lo han votado, por unanimidad, los tres grupos con representación en la Cámara, (PP, PRC y PSOE), que han dado luz verde a una moción presentada por este último grupo y defendida por el diputado Miguel Ángel Palacio.

No obstante, para llegar al consenso, los socialistas han suprimido, a petición de los 'populares', el punto cuarto de la moción, que pedía reprobar "el engaño y frustración" que el Ejecutivo regional ha generado a los afectados por sentencias al anunciar la modificación de la Ley del Suelo estatal, conocida como 'amnistía urbanística', negada después por la ministra de Fomento, para legalizar así la mayoría de las viviendas sobre las que pesa orden de demolición.

De este modo, la moción propuesta por el PSOE y a la que se han sumado PP y PSOE, se compone de tres puntos. En el primero de ellos se insta al Gobierno a incluir en el Plan de Derribos "todas" las sentencias de "todos" los ayuntamientos. En el segundo, se le pide que modifique la Ley del Suelo y ponga en marcha los instrumentos jurídicos y económicos necesarios par aprobar "a la mayor brevedad posible" los planes urbanísticos de todos los ayuntamientos, y en el tercero se insta al Ejecutivo cántabro que solicite al Estado los cambios legislativos necesarios para proteger los derechos de los ciudadanos cuando la Administración sea la condenada, tal y como ha ocurrido en esta región con las sentencias que llevan aparejadas órdenes de derribo.

En su intervención, el portavoz socialista ha indicado que en Cantabria existen más de un millar de viviendas condenadas al derribo, que representan el "mayor problema urbanístico" y, también, "el mayor quebranto económico" de la región, al representar un montante de más de 300 millones de euros.

Tras indicar que el Plan de Derribos está "incompleto" al no estar "todas" las sentencias de "todos" los ayuntamientos, Palacio ha opinado que "no hay ninguna razón" para que estén incluidas las 398 del Alto del Cuco.

También ha censurado la "lentitud" en la tramitación de los planes urbanísticos municipales, que es "excesivamente lenta, compleja y difícil". Por ello, ha reclamado una "más rápida y sencilla", y ha apostado por revisar la Ley del Suelo para agilizar los PGOU. "Si no -ha advertido- el camino será tortuoso, lento y difícil".

En cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos cuando la Administración sea condenada por los derribos, el diputado del PSOE ha planteado que el Estado "vaya más allá" y legisle en esta materia, ya que en su opinión el objetivo del Gobierno es "pagar cuanto menos mejor y cuanto más tarde mejor".

Por su parte, el regionalista Rafael de la Sierra ha expresado la "frustración" de su Grupo y de los propios afectados por el "incumplimiento" de los compromisos asumidos.

Además, ha advertido de que si no se observan avances, el PRC pedirá "todos los meses" la comparecencia del consejero del ramo, Javier Fernández, para que explique cómo va el Plan de Derribos, al tiempo que los concejales regionalistas demandarán información en su respectivos ayuntamientos. El objetivo es "no marear la perdiz" con el tema de los derribos, en el que no basta la "buena voluntad", sino que tiene que haber "resultados".

Finalmente, el portavoz del PP José Manuel Igual se ha mostrado de acuerdo con que se incluyan todas las sentencias de todos los ayuntamientos en el Plan del Gobierno, aunque ha precisado al respecto que las que no figuraban, como las del Alto del Cuco o la depuradora de Vuelta Ostrera, se están tramitando.

También se está avanzando, según ha defendido, en la tramitación de los PGOU, y se ha mostrado de acuerdo con que la indemnización a los afectados sea previa al derribo de las casas.

Con todo ello, el portavoz 'popular' ha reconocido que los tiempos marcados "no se están cumpliendo", y ha acusado también al expresidente cántabro y líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, de dar "proyectos sin licencias" cuando presidía el Gobierno PRC-PSOE.