El juez pide a 'Método 3' la lista de clientes que contrataron las presuntas escuchas ilegales

  • El juez prohíbe filtrar la conversación de Sánchez-Camacho con la ex del hijo de Jordi Pujol, aceptando así la demanda presentada por la líder del PPC.
  • La justicia inicia una investigación y declararán "testigos" citados en grabaciones.
  • El fiscal cree que "alguien quiere aprovechar para sacar dinero".
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, en rueda de prensa.
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, en rueda de prensa.
JORDI BATALLER/ACN
La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, en rueda de prensa.

Un juez de Barcelona ha aceptado como medida cautelar instar a la agencia de detectives Método 3 para que entregue a la policía el libro de registros para determinar quién encargó las escuchas. Además, ha aceptado a trámite la demanda presentada por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, contra la agencia  y ha acordado prohibir la publicación de su conversación con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que supuestamente fue grabada ilegalmente.

Según fuentes del PPC, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha aceptado a trámite la demanda que Sánchez-Camacho presentó la semana pasada, al trascender que había podido ser víctima de un caso de espionaje político.

El juez ha impuesto como medida cautelar, a propuesta de la dirigente popular, la prohibición de que se publique la conversación que mantuvo con la antigua novia del hijo del expresidente catalán Jordi Pujol en un restaurante barcelonés, que supuestamente fue grabada de forma ilegal.

De forma pararela, la Fiscalía ya está estudiando abrir su propia investigación, según ha explicado el Fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, quien ya está pensando en nombrar a un fiscal para que se encargue de este caso.

También ha aclarado que las personas que aparecen citadas en las conversaciones pueden ser llamadas a declarar "como testigos y no como imputados".

"Alguien quiere aprovechar la ocasión para sacar dinero, pero no hay ninguna intención de acabar con la intimidad de una persona ni con el proceso soberanista", ha afirmado el fiscal superior.

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