La Fiscalía de Málaga ha mantenido este lunes la petición de tres años de prisión para el dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, por la presunta apropiación del dinero entregado a cuenta por una mujer para la compra de dos viviendas, tipo apartahotel, que no se llegaron a construir en la localidad malagueña de Casares ni la empresa devolvió las cantidades satisfechas por la perjudicada, personada como acusación particular en esta causa.

Según sostiene el fiscal, la venta se hizo en 2004 y la mujer entregó a Aifos 84.521 euros por una de las viviendas y 72.681 euros por la otra, sin que la empresa avalara las cantidades ni las ingresara en una cuenta especial. En 2008, aunque había la licencia de obra, "no la había iniciado", por lo que la compradora, consideró tener por resuelto el contrato y reclamó a la empresa la devolución del dinero entregado, lo que no sucedió.

El acusado ha indicado que la mujer no requirió en su momento el aval o garantía de las cantidades entregadas, como hicieron otros compradores, insistiendo en que la compradora era una inversora y que si lo hubiera pedido se le habría entregado. Al respecto, ha señalado que algunas cantidades se han devuelto por avales y ha ratificado los datos expuestos por su defensa de que se entregaron 21 avales a compradores del mismo edificio y 256 en toda la promoción.

Asimismo, Ruiz Casado, que también ha sido juzgado en el caso 'Malaya', ha reconocido que las cantidades no se ingresaban en una cuenta especial, sino en la cuenta abierta para los gastos de la promoción. En este sentido, ha dicho que las cantidades entregadas a cuenta se dedicaban a gastos relacionados con el proyecto urbanístico y a movimientos de tierra que sí se realizaron. Sobre esto, su defensa ha aportado un informe y ha declarado un perito de parte.

Ha explicado que el edificio no se llegó a realizar porque la promoción tuvo algunas deficiencias, detectadas en 2007, por lo que el proyecto tuvo que revisarse, a lo que se suma, ha indicado, los problemas económicos de la promotora con la que trabajaban en este caso y los propios de Aifos, que finalmente entró en concurso de acreedores. Además, ha añadido que el Ayuntamiento les dijo que terminaran algunos edificios antes de comenzar otros.

Ha señalado que durante el concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa desde 2009, tras un periodo en el que estuvieron renegociando la deuda, han llegado a acuerdos de permuta con otros compradores, pero que en este caso la mujer, según le decían sus comerciales, no quiso otro producto inmobiliario. Además, ha declarado que aún hoy en día se negocian distintas soluciones para otros compradores.

Por su parte, la perjudicada ha explicado que compró a través de una inmobiliaria de Valladolid, donde reside, y que daba por hecho que había aval; además de que en el contrato constaba que en caso de no cumplir lo estipulado, se le devolvería el dinero. Ha apuntado que no le explicaron por qué no le devolvían el dinero y ha precisado que no le interesó lo que le ofrecían como permuta, porque no reunían las mismas características.

Ha afirmado que adquirió ese tipo de vivienda apartahotel porque le hablaron de una alta rentabilidad en cuanto a su alquiler, pero "no por una intención especulativa", sino para "asegurar un futuro mejor a mi hermana", que es discapacitada y su cuidado requiere "mucho dinero", ha apuntado. Por esto, quería que le devolvieran el dinero, apuntando que toda esta situación le ha provocado problemas psicológicos.