El Gobierno de Canarias advierte de que la organización administrativa de las islas requiere un trato "diferencial"

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, defiende el carácter "diferencial" que la organización administrativa de Canarias debe tener en el marco legislativo estatal, "que debe respetar la singularidad política de esta comunidad autónoma".
Francisco Hernández Spínola
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Francisco Hernández Spínola

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, defiende el carácter "diferencial" que la organización administrativa de Canarias debe tener en el marco legislativo estatal, "que debe respetar la singularidad política de esta comunidad autónoma".

Hernández Spínola se muestra "esperanzado" en que Canarias sea capaz de alcanzar un consenso político e institucional que permita defender ante las Cortes Generales la necesidad de que la nueva organización administrativa que proyecta el Gobierno de España respete la singularidad canaria, informa en una nota.

"Estoy convencido de que demostraremos todas las instituciones y los partidos políticos gran altura de miras y madurez política, ya que el camino para el diseño de una propuesta conjunta y consensuada está iniciado y avanza con buen paso", comenta.

El consejero recuerda que este trabajo de diálogo y negociación se inició en la reunión institucional mantenida con la Federación Canaria de Municipios, la Federación Canaria de Islas, los grupos parlamentarios autonómicos y el Gobierno de Canarias en el mes de septiembre de 2012.

Actualmente, este consenso se continúa trabajando con los ayuntamientos, cabildos y los partidos políticos, especialmente con el principal partido de la oposición, representada por el PP en Canarias, a través de la mesa de trabajo para la reforma y simplificación administrativa.

Hernández Spínola recuerda que la existencia de los cabildos insulares es exclusiva de Canarias. Esta institución, cuya composición emana directamente de la voluntad popular expresada a través del voto cada cuatro años, nada tiene que ver con la naturaleza jurídica y competencial de las Diputaciones Provinciales.

"La importancia del papel de los cabildos es incuestionable en Canarias", afirma el consejero, que defiende también la relevancia de la actividad municipal que realizan los 88 ayuntamientos canarios. Hernández Spínola considera que Canarias cuenta con una cantidad de ayuntamientos acorde a las características sociales, económicas, demográficas y orográficas que tiene el archipiélago.

"Creemos firmemente en el mantenimiento de los 88 ayuntamientos en Canarias, aunque sí consideramos imprescindible la revisión de sus estructuras, dimensión y competencias en paralelo a las que ejercen los cabildos y el propio Gobierno de Canarias para evitar duplicidades y aumentar la eficiencia y agilidad en la atención pública a la ciudadanía", indica.

Valoración general

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias se muestra también crítico con la propuesta que el Gobierno de España ha elevado al Consejo de Estado para reformar la estructura local en todo el país.

Especialmente negativo considera el consejero la propuesta de quitar las competencias en servicios sociales a los ayuntamientos, cuestión para la que la propuesta actual de texto legislativo establece un plazo de un año.

"El Gobierno canario cree firmemente en que son los ayuntamientos el nivel de la Administración Pública que mejor puede ejercer esta tarea. La administración municipal es la que conoce de forma cercana y real la situación de sus habitantes, las necesidades que acucian a cada persona y quien mejor puede decidir y ejecutar qué ayuda pública requiere", asegura.

Además, Spínola entiende que la redacción actual de la propuesta de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local "deja sin efecto la capacidad competencial de los ayuntamientos, ataca la autonomía municipal, reconocida por la propia Constitución Española, y deja sin respuesta la cuestión de la financiación".

El Gobierno de España, según Hernández Spínola, "pretende vaciar de actividad a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que quedarían como meros cascarones sin capacidades reales para atender a la ciudadanía". En el caso de Canarias, 60 de los 88 ayuntamientos existentes verían mermadas sus competencias si no alcanzan los estándares de calidad que aprobará el Gobierno de España.

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