IULV-CA ha propuesto a la Mesa de Partidos, constituida el pasado martes, una serie de medidas para perseguir la corrupción, entre las que se encuentran prohibir que los cargos públicos y de libre designación puedan recibir regalos e invitaciones por parte de contratistas de la institución con un valor superior a 200 euros, debiendo ser rechazados o entregados a la institución.

En la propuesta formulada por IULV-CA, a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama una regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y de libre designación, que incluya la creación de un Registro Público de Obsequios e Invitaciones por cuantía inferior a 200 euros.

Otra de las propuestas formuladas por la federación de izquierdas hace referencia a la reforma del régimen de aforamiento de los cargos de extracción autonómica, de tal modo que este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada.

IULV-CA reclama también la ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y los "corruptores" públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, o tráfico de influencia, entre otros delitos.

Junto ello, se solicita la reforma de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos mediante una regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los cargos públicos de gobiernos municipales, así como de miembros de las comisiones provinciales y autonómicas de urbanismo en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.

Fijación de un tope máximo de gasto en campaña

Es importante también para IULV-CA reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad; y de limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y coaliciones en campañas electorales, fijándose un tope máximo de gasto.

Desde la federación de izquierdas también se propone modificar el Reglamento de la Cámara sobre comisiones de investigación; la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos y la prohibición de donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos.

El reforzamiento de las auditorias y fiscalización de la gestión e los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración; la creación de una oficina de regulación del registro de intereses de los parlamentarios; o el establecimiento de un código ético del cargo público, son otras de las peticiones de IULV-CA.