El Juzgado número Dos de Betanzos ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de abril al alcalde de Vilasantar (A Coruña), Fernando Pérez, tras haber presentado el BNG una querella criminal en la que lo acusaba de prevarización y que ha sido admitida a trámite, según la portavoz de la formación nacionalista en el municipio, Manuela García Freire.

La portavoz del BNG y exalcaldesa de Vilasantar ha explicado que el proceso tiene su origen en el 24 de febrero de 2010, cuando ella misma, que era entonces la regidora municipal, tuvo conocimiento del pago de "una suma de dinero que el aparejador municipal le solicitó a una empresa en concepto de honorarios por dirección de obra". El importe, ha apuntado, equivalía al 4% del presupuesto de la obra.

En ese momento, ha relatado García Freire, pidió a la secretaría/intervención del Ayuntamiento un informe sobre la legalidad de los hechos denunciados. Conocido el informe, dictó una resolución para que se incoasen las diligencias informativas sobre la denuncia verbal contra el trabajador municipal.

En diciembre de 2010, ha señalado, el secretario del Ayuntamiento dictó una propuesta de resolución en la que consta que el técnico denunciado "percibió de forma habitual un porcentaje sobre el total del importe de las obras en concepto de honorarios por dirección de obra, sin que constase ningún acto o acuerdo que autorizase esta actuación". Inicialmente, ha dicho, podría considerarse "una falta muy grave".

Una vez tramitado el expediente disciplinario, ha proseguido García Freire, y "justo en el momento en el que sólo faltaba la resolución definitiva", se produjo el cambio de Gobierno. "El nuevo alcalde, del PP, aún siendo conocedor de la existencia del expediente incoado ya antes de ganar las elecciones, provocó la caducidad del expediente y se negó a informar al pleno sobre la situación de este caso", ha criticado.

Cuando terminó el plazo de seis meses fijado, el trabajador afectado —"curiosamente, tío del actual alcalde", ha agregado la nacionalista— pidió expresamente que se declarase la nulidad del expediente, lo que se llevó a cabo mediante un decreto firmado por el teniente de alcalde.

Por ello, el BNG entiende que el actual alcalde "ha estado protegiendo a un familiar suyo" y "ha amparado una grave práctica de corrupción".