La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado "de pleno", en sentencias de 19 de junio de 2012, 6 de febrero de 2013 y 13 de febrero de 2013, las pretensiones de los sindicatos SFALA y CCOO respecto al ERE que afectó al personal de los planes de empleo del Ayuntamiento de Avilés.

Según indica el consistorio en nota de prensa, estas organizaciones sindicales recurrieron la decisión adoptada por la Dirección General de Trabajo e incluyeron en sus recursos que la alcaldesa, Pilar Varela, no era competente para solicitar la autorización de un ERE; que las Administraciones Públicas no podían llevar a cabo dichos procedimientos de extinción por causas objetivas de carácter colectivo; y plantearon una serie de irregularidades en el proceso llevado a cabo por la Dirección General de Trabajo.

Al respecto, el Ayuntamiento señala que "la posibilidad de las Administraciones Públicas de realizar Expedientes de Regulación de Empleo se ha visto confirmada por dichas sentencias".

"El propio artículo '52 e' del Estatuto de los Trabajadores reconoce expresamente a las Administraciones Públicas la extinción de los contratos por causas objetivas en relación a la ejecución de planes y programas públicos determinados, y no prohíbe expresamente el Estatuto citado que se realice despido colectivo por causas objetivas, como lo demuestra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de octubre de 2012, entre otras", apunta.

En este sentido, el concejal de recursos Humanos, Raúl Marquínez, ha expresado su satisfacción "por las sentencias favorables a los intereses municipales".

Al mismo tiempo, ha lamentado que "todo el devenir de este proceso, desde los recursos de los beneficiarios de los planes de empleo que provocaron el ERE hasta las posteriores actuaciones judiciales, han supuesto un importante perjuicio económico y mediático para el Ayuntamiento de Avilés, soportado por el presupuesto municipal y por los propios vecinos del concejo. También ha implicado un coste innecesario para todos los españoles con cargo a los presupuestos del Estado, haciendo perder dinero y tiempo a la Administración de Justicia".