La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía interpuso en 2012 un total de 70 denuncias por infracciones en talleres mecánicos de vehículos en Andalucía, lo que supuso un aumento del 62 por ciento con respecto a las actuaciones realizadas durante 2011, año en el que levantaron 43 actas en este tipo de establecimientos, según el balance de la Consejería de Justicia e Interior de la que depende este cuerpo de seguridad.

La inspección de los talleres mecánicos es una de las competencias del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la comunidad autónoma para verificar el cumplimiento de las normativas administrativa y medioambiental vigentes. En virtud de ese mandato, estos agentes realizaron el pasado año 307 inspecciones en talleres, de las que un total de 70 terminaron en denuncias por distintas infracciones.

La provincia en la que se llevó a cabo un mayor número de inspecciones fue Sevilla, con 146, que se saldaron con la tramitación de 29 actas de denuncia, seguida de Almería, con 91 inspecciones y 18 denuncias; Granada, con 52 inspecciones y 16 denuncias, y Huelva, con 18 inspecciones y 7 denuncias, ha informado la Junta en una nota de prensa.

Uso de residuos tóxicos

La Unidad de Policía adscrita se ocupa en sus inspecciones de comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos de reparación de vehículos, así como de verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.

Las infracciones más frecuentes denunciadas durante el pasado año por la Policía Adscrita en los talleres mecánicos andaluces fueron la carencia de una licencia municipal para ejercer esta actividad y no estar inscrito el propietario del establecimiento en el Registro de Pequeño Productor.

Las otras infracciones más denunciadas por los agentes autonómicos fueron las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fundamentalmente la mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos, la mezcla igualmente de residuos peligrosos con otros que no tienen tal consideración y la entrega, venta o cesión de esos residuos contaminantes a un gestor no autorizado.