La modificación del contrato del transporte sanitario terrestre permitió al Gobierno de Castilla-La Mancha ahorrar 25 millones de euros en 2012 ya que el coste del contrato durante el pasado año fue de 61,6 millones frente a los 80,4 de 2011, cifra a la que hay que sumar los más de 6 millones de coste de los taxis que trasladaban a los pacientes de diálisis, un servicio que se ha incorporado en las ambulancias.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes regionales, donde ha explicado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal vio necesario modificar el contrato del transporte sanitario al considerar que la distribución de empresas existente en la etapa del Gobierno socialista "no había funcionado y necesita simplificarse".

Según ha explicado el consejero, en la anterior etapa, el contrato establecía una única empresa para el servicio de transporte sanitario urgente en las cinco provincias de la región mientras que el transporte sanitario no urgente o programado se concentraba en una sola empresa diferente en cada provincia.

"Por eso ahora el nuevo pliego de transporte sanitario urgente y no urgente ha salido a concurso de una forma agrupada en un mismo lote por provincias", ha señalado Echániz, quien ha dicho que esta nueva distribución logra reducir el coste del servicio.

Con el dinero que se ha ahorrado (25 millones de euros), ha apuntado el consejero, "en un solo ejercicio se podría atender todas las necesidades sanitarias de 21.600 personas", lo que equivale casi a la población de Illescas (Toledo), ha manifestado Echániz.

Además, con ese dinero, ha recalcado, "se puede sufragar el coste de 69 unidades de ambulancia de soporte vital básico y de 22 UVI completas que incluye médico y enfermera, se puede disponer de 8 unidades de alta tecnología, se pueden hacer doce nuevos centros de salud y se puede contratar a 355 médicos nuevos".

Igualmente, ha comentado que el contrato exige por primera vez tiempos de respuesta que "es lo que garantiza la prestación del servicio en el tiempo preciso".

El nuevo concurso, PROBLEMA 'GORDO'

Desde el PSOE, el parlamentario José Manuel Caballero, ha criticado que el Gobierno no se haya "molestado" en hablar con los trabajadores —150 de los cuales ya han sido "despedidos" y otros tantos están "a las puertas", ha manifestado— "e incluso con los empresarios" porque le habrían dicho "que el modelo de Castilla-La Mancha es un modelo a evitar".

A su juicio, el problema "gordo" de estos trabajadores empezó "con el nuevo concurso" y aunque el socialista no ha cuestionado que "haya sido plenamente legal y que las empresas reunieran todos los requisitos, es evidente que la prestación del servicio desde el 1 de diciembre esta siendo un absoluto desastre".

Caballero ha instado al Ejecutivo a llamar a las empresas, "sentarse con ellas y buscar soluciones consensuadas". También ha indicado que la Junta socialista dejó "pagado" el transporte sanitario y ha advertido de que aunque ahora el Ejecutivo diga que hay mas ambulancias "se tendrán que conducir solas, porque hay menos trabajadores".

"Castilla-La Mancha antes era la Comunidad Autónoma que tenía cinco de los diez mejores tiempos de respuesta en atención a urgencias" del país, ha dicho Caballero, que ha agregado que "hoy no se sabe, porque no publican los datos".

Actuación irresponsable

Desde el Partido Popular, el diputado Carlos Velázquez, ha acusado la "actuación con mucha irresponsabilidad del PSOE" que "tanto daño está haciendo a la ciudadanía regional", y ha explicado que el modelo de transporte sanitario terrestre que está aplicando Castilla-La Mancha es "exitoso" en esta y en otras comunidades autónomas.

De ahí que haya "invitado" a Caballero a "huir del discurso hipócrita" que están adoptando los socialistas, cuando el origen del problema, ha subrayado el parlamentario 'popular' "está en 2008, en un pliego de condiciones que era de imposible cumplimiento para la empresa que gestionaba el servicio".

Este debate general se ha cerrado con la aprobación de una propuesta de resolución del PP —con los votos en contra del PSOE— que defiende la asistencia de calidad, eficacia y eficiencia a través de los recursos materiales y económicos que permitan a Castilla-La Mancha "a tener una red asistencial coordinada".

Por el contrario, los socialistas han visto rechazada su propuesta de resolución —con los votos de la mayoría 'popular'— en la que se instaba al Gobierno a "asumir sus obligaciones y responsabilidad en relación a la prestación de este servicio y a "hacer cumplir a las empresas adjudicatarias el pliego de condiciones" que rige el servicio "para asegurar que cese el despido de personal" y que empresas adjudicatarias readmitan al personal despedido.