IU exige a Educación que siga la recomendación del Justicia y contrate al profesorado interino el 1 de septiembre

Defiende este viernes en las Cortes de Aragón una iniciativa que pide garantizar el derecho a la educación
Adolfo Barrena
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EUROPA PRESS
Adolfo Barrena

El grupo de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón ha instado al Departamento de Educación del Gobierno aragonés a contratar al personal interino para el curso 2013-2014 el día 1 de septiembre de 2013, siguiendo la recomendación efectuada al respecto por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

El portavoz de Educación de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, ha informado de que el Justicia ha remitido una sugerencia a la consejera de Educación, Dolores Serrat, "indicándole que debe adoptar las medidas a su alcance, en función de sus previsiones presupuestarias, a fin de que en los próximos cursos escolares la incorporación del profesorado interino se produzca el día 1 de septiembre, día de inicio de la actividad docente".

IU ha explicado en una nota de prensa que esta recomendación es consecuencia de la queja presentada por un ciudadano ante el Justiciazgo a raíz de la orden de Educación de contratar al profesorado interino en el curso 2012-2013 el día 6 de septiembre en Primaria y el 12 en Secundaria.

Según el Justicia de Aragón, "esta medida no solamente perjudica a las condiciones laborales del profesorado, sino también a los centros y al alumnado, al haber tenido menos días para la preparación del curso".

En la recomendación se señala, igualmente, "la necesidad de que todos los profesores que van a impartir docencia en un determinado año escolar, particularmente los interinos, participen en todas estas actividades de comienzo de curso, ya desde el primer claustro, pues son decisivas para establecer los criterios pedagógicos, directrices, metodología, actividades, criterios e instrumentos de evaluación que han de regir la labor docente y evaluadora a lo largo de todo el período lectivo".

Garantizar los servicios públicos

El Justiciazgo reconoce en el texto "la voluntad pública de adoptar medidas de racionalización del gasto, en un contexto de contracción presupuestaria resultado de las políticas de reducción del déficit adoptadas", pero también indica que ya ha señalado en reiteradas ocasiones "que la Administración debe adoptar las medidas a su alcance para garantizar la pervivencia de los servicios públicos".

Por eso, el Justicia recomienda a Educación que evite que "las medidas para la racionalización y eficiencia del gasto supongan una merma de la calidad y eficacia de los servicios público" y, en el caso de la contratación de los interinos dice que la medida adoptada, "tiene un efecto económico en el gasto público inmediato, pero paralelamente afecta de manera negativa a la eficiencia de la actividad docente y, con ello, a la calidad del servicio público educativo".

IU ha manifestado que "comparte" la recomendación "por completo" y ha anunciado que ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón en la que exige instar a este Departamento a contratar al personal interino para el curso 2013-2014 el día 1 de septiembre de 2013.

Racionalización del gasto educativo

Por otra parte, IU ha apuntado que este viernes, 15 de febrero, presentará en la Comisión de Educación una iniciativa en la que instará al Gobierno de Aragón a que se dirija al central para que adopte las medidas "precisas y necesarias" para garantizar el derecho a la educación.

Asimismo, reclamará que la educación "sea de calidad y generadora de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, sin exclusiones ni discriminaciones, evitando la expulsión del sistema de la mayor parte de estudiantes extranjeros no comunitarios".

Desde IU han comentado que esta proposición no de ley surge a raíz de la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Barrena ha argumentado que esta normativa "supone el mayor ataque a la educación pública de nuestro país desde el siglo pasado" y "es una normativa profundamente racista y xenófoba que atenta contra los Derechos Humanos y la ciudadanía universal, expulsando a los estudiantes no comunitarios de las universidades públicas".

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