La Alianza por la Unidad del Campo formada por UPA y COAG ha asegurado, tras analizar el Anteproyecto de Ley Agraria que les remitió la Consejería de Agricultura y Ganadería que, pese a que consideran que puede sustentar el carácter estratégico del sector agrario y la industria alimentaria, le falta "una orientación clara en favor de los agricultores y ganaderos a título principal".

En un comunicado recogido por Europa Press, fuentes de la organización agraria han considerado "especialmente llamativa" la ausencia de la definición del Agricultor a Título Principal en el articulado, pese a que "ha sido el eje central de las propuestas apoyadas por el sector en las recientes elecciones a cámaras agrarias".

En este sentido, han explicado que han trasladado a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en el Consejo Regional Agrario su preocupación por que "se pongan en igualdad de condiciones en este anteproyecto de Ley a los productores de sofá o a las inmobiliarias con los verdaderos agricultores a título principal".

A su juicio, la pretensión que la nueva Ley tiene de agrupar en un solo cuerpo normativo el conjunto de disposiciones autonómicas con rango de ley que son necesarias para un adecuado desarrollo de la actividad y producción agraria, es "de entrada positiva", pero creen que "no significa necesariamente que con este Anteproyecto pueda llegarse a conseguir, ya que es necesario hacer un riguroso estudio comparativo con normas de ámbito estatal y comunitario que competen a su contenido, así como si competencialmente no se excede respecto a las mismas".

La Alianza UPA-COAG también ha pedido más claridad en el texto a la hora de recoger el modo de coordinar agricultura con otras consejerías de las que depende también la actividad diaria de los productores agrarios, como pueden ser Fomento y Medio Ambiente o Hacienda, entre otras.

También han reprochado que el Anteproyecto "no contenga una memoria económica que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen", como por ejemplo la incorporación de jóvenes, reconocimiento y fomento del papel de la mujer, formación de los profesionales o I+D, entre otros.

De igual modo han alertado de "las intenciones que contempla el texto en relación a las aportaciones económicas del sector privado en materia de infraestructuras agrarias, lo que deja entrever una cofinanciación que en cualquier caso rechazamos".

En las valoraciones realizadas por la organización han destacado que se recoja un concepto "como es el del banco de tierras, reivindicación histórica de la Alianza UPA-COAG. "Sin embargo, tal y como aparece en el Anteproyecto de Ley vemos serias dificultades de que cumpla los objetivos para facilitar la incorporación de jóvenes así como el dimensionamiento de las explotaciones profesionales, al carecer de medidas eficaces para nutrir al citado banco de tierras", han puntualizado.

Para la Alianza UPA-COAG, resulta fundamental "lograr una distribución justa y eficiente de los costes y beneficios de la cadena de valor, en favor de los agricultores y ganaderos castellano-leoneses (precios justos para el productor)". Por ello, han manifestado que temen que la creación de la figura del Defensor de la cadena agroalimentaria y la posibilidad de crear organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que recoge este Anteproyecto de Ley, "no será suficiente si la política agraria en nuestra región y en nuestro país no ejerce un efectivo control en el mercado de los productos agroalimentarios procedentes de países terceros".