Cáritas Diocesis de Cartagena ha asumido en su totalidad los planteamientos de la Confederación de Cáritas Española, que ha venido situando los problemas relacionados con el acceso al derecho a la vivienda entre las prioridades de su respuesta a los efectos sociales a la crisis.

Aboga por la promulgación, por parte del Gobierno de la nación, "de las medidas legislativas adecuadas en orden a paralizar de inmediato los desahucios de primera vivienda, y procurar desde ese mismo instante un estudio de la realidad particular de cada familia". Estas soluciones "son más beneficiosas para todos que dejar sin techo a personas que ya sufren los efectos de la crisis en todos los aspectos de su vida cotidiana", sostiene.

Por ello, desde Cáritas Diócesis de Cartagena se afirma que, ante la "insuficiencia" de las medidas políticas para aliviar de forma efectiva la situación angustiosa de tantas familias de la Región, "es necesaria una respuesta generosa de toda la sociedad murciana que, emergiendo desde los mismos ciudadanos, incluya a asociaciones, plataformas, empresas, sindicatos, entidades bancarias, organizaciones políticas y a todas las instituciones religiosas".

Manifiesta su voluntad de acompañar en aquellas acciones orientadas a favorecer y promover las condiciones de acceso a la vivienda, de modo particular en alquiler y de mantenimiento en dicho acceso.

Así como a impulsar la mejora de las condiciones de habitabilidad de toda la población en situación de exclusión, en especial en la red de recursos residenciales que tiene Cáritas en todo el Estado; y apoyar y fomentar las medidas que eviten los fenómenos de segregación y gueto que en ocasiones conlleva la vivienda.

En la declaración que ha hecho sobre la situación de las personas que padecen la pérdida de su hogar, Cáritas destaca que "la realidad de sufrimiento que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad murciana, y española en general, derivada de una situación de crisis aguda, elevado paro y carencia de recursos económicos, exige una respuesta desde la fe y el compromiso solidario y fraterno".

Por ello, considera que "hoy más que nunca es necesaria una palabra de Esperanza, es necesario volver a creer en el ser humano". En este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena ha suscrito las líneas de acción que figuran en el documento 'Propuestas políticas de Cáritas Española ante los retos actuales de la situación social', que fueron remitidas en septiembre de 2011 a todos los grupos con representación parlamentaria.

"costes de la crisis no recaigan en los más débiles"

Igualmente, asume la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, bajo el título 'Ante la crisis, solidaridad', pues en la misma se señalan los aspectos más acuciantes y dolorosos en los que se manifiesta la crisis, como "el desempleo, en especial de tantos jóvenes; el debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos los españoles; y los dramas que sufren tantas familias, en particular las que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio".

La Declaración exhorta a la conversión a la verdad, y pide también que los costes de la crisis "no recaigan sobre los más débiles, con especial atención a los emigrantes, además de que se preserve el bien de la unidad, al tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España; y que se busquen con urgencia soluciones que permitan a las familias desahuciadas -igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle".

Cáritas Diócesis de Cartagena hace suya la valoración del Real Decreto ley 27/2012 (de 5 de noviembre) de 'Medidas Urgentes para Reforzar a los Deudores Hipotecarios' que hizo la Conferencia Episcopal, al señalar que el Real Decreto, a pesar de la voluntad política de aportar soluciones al problema, "supone una reacción insuficiente, tardía y no consensuada ante la movilización social en la que han vienen participando desde el año 2009 tanto afectados como jueces, trabajadores sociales y entidades".

A su juicio, "deja a muchas personas y familias en situación de especial vulnerabilidad al quedar fuera de la aplicación de las medidas contempladas".

Y es que, explica, "la situación de vulnerabilidad de las personas no se puede cuantificar y limitar de forma restrictiva, atendiendo sólo a criterios económicos o de ratios tan limitadas, como son la edad de los menores de edad o el número de hijos".

"Estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión social es consecuencia de múltiples factores, no sólo económicos, que afectan también a la participación social, a la dimensión personal y al acceso a derechos", indica.

Considera también que en el Real Decreto "no se regulan cuestiones claves como la deuda pendiente, y tampoco se impide a la entidad financiera empezar a reclamar la deuda y, por tanto, a seguir embargando los bienes del deudor".

No se regula "la prevención al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, por ejemplo la obligación legal de tener un espacio de mediación entre el afectado y el propietario de la vivienda que formule soluciones alternativas a la pérdida de vivienda; ni la dación en pago; ni los lanzamientos en los supuestos de desahucios por impago de la renta".

Iniciativas "positivas"

Una vez más, se constata que "el abordaje de la dramática situación de vivienda que se vive en el país se realiza desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico, sin contemplar su necesaria función social ni el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de toda persona a una vivienda digna y adecuada".

En este sentido, "es esperanzadora la respuesta que está dando la sociedad a estas situaciones tan dramáticas, al volcarse con donativos, tanto económicos como en especie, y plegarias en favor de los necesitados".

Esta solidaridad está haciendo llegar más recursos a las familias necesitadas, incluyendo pago de alquileres y deudas del hogar, a través de organizaciones que, como Cáritas, están siempre al lado de los menos favorecidos.

Desde Cáritas se viven con esperanza iniciativas "positivas" como la constitución del Fondo Social de Alquiler, que "proporcionará una vivienda a las familias que fueron desalojadas de las mismas desde enero de 2008, pues suponen una primera respuesta por parte de las entidades bancarias que poseen un importante parque de viviendas vacías".

Estima, no obstante, que tal iniciativa "debe ampliarse considerablemente a miles de viviendas, mediante acuerdos razonables que reduzcan la hipoteca a una cantidad acorde con los ingresos mermados de una familia, aunque sea de forma temporal hasta que mejore la economía".