Los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Mercasantander en los años en los que la acusada supuestamente dispuso de fondos de la empresa pública afirman que "jamás" la auditoría de las cuentas anuales les advirtió de la desaparición de dinero.

"Jamás, en qué cabeza cabe", ha afirmado que, durante su declaración como testigo en el juicio de Mercasantander, la actual concejal de Movilidad Sostenible, Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carmen Ruíz, miembro del Consejo de Administración de Mercasantander entre 2007 y 2011 y del Comité Ejecutivo de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad.

Junto a ella, han declarado en esta quinta jornada del juicio de Mercasantander varios miembros de ambos órganos de dirección, que han mantenido que aprobaban las cuentas siguiendo los comentarios y las observaciones de auditoría.

Ofrecimientos de bienes

Además, la mayor parte de ellos han reconocido que en las reuniones de estos órganos se abordaron los ofrecimientos de bienes realizados por la acusada y su marido, Andrés Fernández del Cotero, para resarcir el perjuicio económico generado por la exgerente en las cuentas de Mercasantander, a pesar de que, según ha insistido el letrado de este último, no quedó reflejados.

Todos han coincidido en que decidieron no aceptar estos ofrecimientos "siempre asesorados" por los letrados de Mercasantander, Mercasa y del Ayuntamiento de Santander.

Además, y en la misma línea que ya explicaron en la anterior jornada del juicio el director gerente de Mercasantander, Juan José Fernández, y el secretario del Consejo de Administración de la empresa, Pedro Labat, todos han esgrimido las mismas razones por las que no se aceptaron esos bienes.

Entre otras, han señalado que el chalet de La Mina y la casa de Brañavieja que ofrecieron tenían "elevadísimas" cargas hipotecarias a las que la empresa tendría que hacer frente si los aceptaba con el "grave deterioro" para la sociedad, como ha señalado la concejal de Movilidad Sostenible, Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carmen Ruíz, miembro del Consejo de Administración de Mercasantander entre 2003 y 2007 y de 2011 a la actualidad y del Comité Ejecutivo entre 2011 y 2011.

"No se ofrece un bien, sino una deuda", ha apuntado otra de las testigos y también miembro del Consejo de Administración.

Además, todos ellos han insistido en que el objeto social de Mercasantander sea adquirir bienes como forma de pago y dedicarse a venderlos.

Han señalado que, en cuanto a estos bienes inmuebles, tenían, a su juicio, una valoración que "no era cierta", algo que, según han apuntado, "se demostró" cuando, tras el rechazo de Mercasantander a aceptarlos como forma de pago, fueron vendidos por un "valor bastante inferior".

En cuanto al Porsche, a la moto y al barco que la acusada y su marido ofrecieron también para contribuir a saldar el perjuicio causado, los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo han explicado que no tenían una tasación judicial, con lo cual no sabían su valor.

En relación a éstos, algunos de ellos han apuntado que había resoluciones judiciales en ese mismo sentido.

Han considerado que era "poco responsable" aceptarlos y "por unanimidad dijeron que no" cuando se apuntaron estas posibilidades, también la encaminada a la constitución de una segunda hipoteca sobre estos bienes.

Una de las testigos y miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo en parte del periodo en que sucedieron los hechos ha explicado que si la exgerente y su marido hubieran vendido ellos mismos los bienes que ofrecieron a Mercasantander y hubieran entregado el dinero "lo habrían cogido".

Por otra parte, todos ellos han negado conocer que algunas de las disposiciones de dinero de la exgerente se contabilizaran en una de las cuentas de balance que quedaban reflejadas en los saldos deudores, cuestión que ha sido preguntada a la mayor parte de ellos.

Lo mismo ha ocurrido con los motivos por los que Mercasantander no incluyó en el proceso judicial el análisis que, para ello, encargó sobre un informe realizado por un auditor sobre la cuenta bancaria que compartían como titulares la exgerente y su marido.

Aunque algunos de ellos han reconocido que sí conocían que se había encargado este análisis, han asegurado desconocer los motivos por los que no fue incluida e, incluso, si se les informó de las conclusiones del mismo.

El letrado del marido de la acusada, que es el que ha formulado la mayor parte de las cuestiones a los testigos citados en esta jornada, ha cuestionado en varias ocasiones sobre las pruebas que existen para implicar en el proceso judicial a su cliente, para el que se pide que sea declarado responsable civil subsidiario de parte de la deuda de su mujer.

Algunos de los testigos han declarado que "no saben" si el marido intervino en las disposiciones de fondos realizadas por la exgerente o si se ha beneficiado de ellas, si bien han recordado que el matrimonio tenía régimen de gananciales.

"Si Fernández del Cotero se ha beneficiado lo sabrá el señor Fernández del Cotero, yo no, desde luego", ha afirmado Francisco Pascual, miembro del Consejo de Administración entre 2004 y 2012 y también vicepresidente del mismo durante un tiempo.

Una de las integrantes del Consejo de Administración, Carmen Sánchez, ha explicado que "lo único" en lo que los miembros de este órgano tienen "interés" es que se reponga el "desfalco" realizado por la exgerente.

En esta jornada, y entre otros testigos, han declarado la concejal Carmen Ruiz y la exedil Carmen Martín como miembros del Consejo de Administración o del Comité Ejecutivo en los años en los que ocurrieron los hechos y este jueves está previsto que lo hagan otros dos, Ramón Saiz Bustillo (Comercio y Mercados) y Ana González Pescador (Economía y Hacienda, entre otras áreas), además del alcalde, Íñigo de la Serna, que, en calidad de regidor, entró a presidir el Consejo de Administración en 2007 en sustitución de Gonzalo Piñeiro.