El sindicato CSI-F ha presentado una instancia ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva para revocar la Instrucción que obliga a los agentes a presentar las denuncias al coordinador provincial en vez de tramitarlas vía registro.

Desde la central sindical apuntan que "no es la primera vez" que el sindicato CSI-F "denuncia la politización de la Administración en la Junta de Andalucía".

En esta ocasión, remarcan que "el conflicto ha surgido a consecuencia de una Instrucción de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que obliga a los agentes a presentar las denuncias directamente al coordinador provincial para su análisis en vez de tramitarlas a través del registro". Explican que "este a su vez se encarga de enviarlas al secretario general que es quien se encarga de determinar si procede o no abrir expediente por esas denuncias".

Según CSI-F, "esta forma de proceder pretende imponer un filtro político en la toma de decisiones" y por ello ha presentado una instancia ante la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva para se derogue la mencionada Instrucción.

En este sentido, el sindicato recuerda que —según la Ley de Montes— los agentes de Medio Ambiente son considerados como figuras de la autoridad y ejercen como policía judicial "practicando las primeras diligencias de prevención y aseguramiento como la custodia de los objetos que provengan del delito, dando cuenta de todo esto a la Autoridad Judicial o Fiscal".

Esto choca "frontalmente con las instrucciones, verbales o escritas, dadas en todas las Delegaciones obviando las competencias que el ordenamiento jurídico asigna a los agentes de Medio Ambiente", explica CSI-F. El problema de fondo es que las denuncias tienen que pasar por manos del coordinador y del secretario "saltándose un sistema, como es el registro general, en el que queda constancia de la presentación de la documentación".

Por estos motivos, la Central Sindical destaca "la inseguridad medioambiental" que puede provocar que sea "un político y no un funcionario especializado en ese puesto el que filtre si un hecho es o no denunciable de acuerdo con la normativa". CSI-F insiste en que los agentes de medio ambiente "tienen potestad para determinar qué actos son delictivos y comunicarlo directamente a la autoridad competente sin tener que pasar por ese 'filtro político'".