El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha confirmado este martes que no secundará la huelga convocada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales para el próximo 20 de febrero en protesta contra las medidas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al considerar que no ha sido posible una "convocatoria unitaria".

Según ha informado el sindicato a través de un comunicado, este colectivo "no realizará ninguna protesta el día 20 de febrero", aunque confía en poder continuar "con la construcción de una respuesta conjunta frente a los graves ataques que el servicio público de la justicia y sus usuarios están sufriendo".

"Lamentamos que no haya sido posible una convocatoria unitaria como la del pasado mes de diciembre, cuando se logró una respuesta conjunta desde todos los colectivos del sector de la justicia frente a las políticas seguidas por el Gobierno", ha explicado.

En este sentido, el SISEJ ha indicado que abogaba por una "reivindicación conjunta" y que debido a que "los contactos iniciales no han prosperado" los convocantes de la huelga han optado por "no contar con el resto de organizaciones participantes en la anterior movilización".

No obstante, los secretarios judiciales han hecho un llamamiento a "todas las organizaciones del sector" que defienden "con convicción que la justicia es de todos y todas, para construir una verdadera respuesta unitaria y firme ante la gravedad de los ataques que sufre la Administración de Justicia como servicio público".

"matices" en las reivindicaciones

De esto modo, el sindicato ha aclarado que suscribe "las líneas generales" de las reclamaciones, pero con "matices". Así, valoran la petición de derogar la Ley de Tasas judiciales, pero no comparten "que se plantee como opción su modificación" porque, a su juicio, no se trata de "una cuestión de cantidades o de precios, sino de universalidad en el acceso a los servicios públicos".

En relación con el borrador de anteproyecto de ley de reforma integral de los registros, el SISEJ considera que debe cumplirse la Ley 20/2011, que regulaba una "profunda modificación" del Registro Civil, "desligándolo" de la Administración de Justicia y "sustituyéndolo por un modelo de Registro Civil electrónico con una base de datos única para todo el Estado, adaptado a las nuevas tecnologías y fijando unas oficinas del Registro Civil, donde los secretarios judiciales asumirían funciones como encargados de dicho registro".

Asimismo, considera "preocupante" la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita porque, desde su punto de vista, lo que pretende es "anudarse a la Ley de Tasas para, en la práctica, cercenar el derecho de la mayor parte de la ciudadanía a su tutela judicial efectiva".

En cuanto al modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)considera necesario "iniciar un debate sereno, profundo y abierto a la participación ciudadana sobre su configuración y competencias".

"Desde el SISEJ ya nos hemos manifestado anteriormente en contra de un modelo de CGPJ desligado de la soberanía popular. Pero al mismo tiempo discrepamos con pretenden mantener la configuración actual del CGPJ, que ha resultado obsoleta, poco transparente y que ha conducido en los últimos tiempos, por ejemplo, al llamado caso Dívar", argumenta.

Modernizar la justicia es "inaplazable"

En esta misma línea, el SISEJ también ve "inaplazable" retomar el proceso de modernización de la Administración de Justicia, "abandonado desde la toma de posesión del actual Ministro". "Pese a la tradicional creencia de que la Administración de Justicia ha estado siempre huérfana de inversión económica pública, debemos recordar que los presupuestos de Justicia de las legislaturas previas fueron los más elevados de la historia reciente de nuestro país", defiende.

"Lamentablemente, la falta de voluntad para continuar el camino iniciado en el año 2003, siempre con la crisis como excusa, ha devuelto una Administración de Justicia a una situación inaceptable", señala, para después añadir que "hacen falta medios, pero sobre todo, hace falta la voluntad de cambio para que la Administración de Justicia sea un auténtico servicio ciudadano".

Finalmente, el SISEJ cree que no se debe obviar la "alarmante situación social derivada del gran número de ejecuciones hipotecarias que están privando de su derecho a una vivienda digna a miles de personas que no han recibido una respuesta adecuada por parte del Estado".