Las organizaciones sindicales del SERIS han considerado este martes "muy positiva" la decisión de suspensión cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo Central sobre el contrato de servicios de Radiología.

Como dicen en un comunicado, "aún cuando se trata de una decisión provisional y 'ad cautelam', se hace eco de la existencia de serias dudas sobre todo el proceso de contratación para cuyo esclarecimiento, precisamente, acuerda la suspensión comunicada".

Por ello, indican que "aún cuando la Solicitud Pública de Ofertas pueda continuar en el futuro, tras esta suspensión temporal, consideramos que el Gobierno regional debe suspender definitivamente esta privatización, revirtiendo todos los servicios sanitarios públicos, en gestión directa, al Servicio Riojano de Salud".

Creen que "más allá de la 'legalidad' de la contratación recurrida -siempre fácilmente justificable o subsanable- consideramos que se trata de una decisión ilegítima, puede ser 'legal' privatizar la sanidad pública y lo puede ser porque quien privatiza es precisamente quien hace la ley que lo permite y respecto de esa misma ley, de su propia 'manga ancha' se miden sus propias actuaciones".

Por eso, dicen que "el "juicio de legalidad" ya no garantiza nada más que el cumplimiento formal de una norma que sirve concretos intereses económicos: puede ser "legal", pero seguirá siendo reprochable ética y socialmente".

También por eso "invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre el futuro que se está construyendo, ahora mismo, de espaldas a sus intereses y necesidades; a reflexionar y también a actuar, ya, ante el diseño de un futuro que nacería hipotecado para muchos años, siendo todos los ciudadanos quienes vamos a tener que pagar los recibos de esa hipoteca en forma de facturas emitidas por las empresas agraciadas con la lluvia de millones (ajenos) que reparte el gobierno regional a través de estas solicitudes públicas de ofertas".

El proceso.

En el B.O.R. número 9 del viernes 18 de enero de 2013, fue publicado el anuncio de la Fundación Rioja Salud para la "contratación de la gestión de servicios de diagnóstico por la imagen, prestados mediante las técnicas de Resonancia Nuclear Magnética, Tomografía Axial Computerizada y Radiología Convencional para los Pacientes beneficiarios del Sistema Público de Salud de La Rioja".

Las organizaciones sindicales de la sanidad pública riojana -CEMSATSE, FSS-CCOO, STAR, CSIF- presentaron recurso especial en materia de contratación contra el anuncio y los pliegos de dicha Solicitud Pública de Ofertas.

Ahora, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- ha decidido suspender el procedimiento de contratación ante la posibilidad de que la continuación del mismo cause "perjuicios de imposible o difícil reparación".

Los argumentos de los recurrentes se centraban en la inexistencia de necesidad acreditada para realizar dicha contratación, en la falta de justificación económica para realizar el nuevo gasto que suponía el contrato (más de 58 millones de euros hasta el año 2021, inclusive) y, entre otras cuestiones técnicas, exponían también la incorrección de que fuese otra "empresa" -como es la Fundación rioja Salud- la que contratase la gestión de servicios de entidades ajenas a la misma, como el Servicio Riojano de Salud o Fundación Hospital Calahorra.