El Supremo anula los efectos del  indulto que Zapatero concedió al banquero Alfredo Sáenz

Alfredo Sáenz
Alfredo Sáenz

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha decidido anular los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que obtuvo la medida de gracia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero después de que el directivo fuese condenado por acusación y denuncia falsa.

Los ocho magistrados que componen la Sala han acordado de forma unánime estimar el recurso presentado por dos empresarios contra el decreto del indulto; en concreto, contra el párrafo en el que el Gobierno ordenaba que quedasen anuladas las "consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria". Ello permitía a Sáenz seguir ejerciendo en banca, a pesar de que la normativa española impide trabajar en el sector a quienes tengan antecedentes penales.

Para el Supremo, este párrafo supone una "extralimitación" de las competencias del Gobierno, que puede cancelar los delitos y sus penas accesorias, pero no borrar los antecedentes penales ni impedir que estos sean tenidos en cuenta.

En base a esta decisión, por lo tanto, Sáenz tendría que abandonar el primer banco comercial español y uno de los primeros del mundo, donde actúa como mano derecha del presidente, Emilio Botín. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy está elaborando un real decreto ley que relaja los requisitos de honorabilidad que deben cumplir los dirigentes de la banca española y que da al Banco de España la potestad de juzgar si estos se cumplen o no.

Polémica interna

Con su resolución, el Supremo enmienda una de las decisiones más polémicas del último Gobierno socialista.

El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, informó el 25 de noviembre de 2011 que el consejo de ministro indultaba parcialmente al banquero. Sin embargo, se negó a dar las razones de la decisión: "No es habitual explicar los indultos".

Sáenz fue condenado a 6 meses de prisión y 9.000 euros de multa por la Audiencia de Barcelona en 2009. Tras presentar un recurso, el Supremo le rebajó la condena a 3 meses de prisión y 400 euros, pero incluyó la imposibilidad de que volviese a trabajar en la banca por tener antecedentes. La ley española exige "honorabilidad" para poder ejercer en este ámbito.

Los hechos habían ocurrido en 1994, cuando el banquero se querelló por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios que debían dinero al Banesto, que él presidía. Finalmente, él fue el denunciado y condenado por realizar acusaciones falsas tras un farragoso proceso. Nada más conocer la sentencia del Supremo, solicitó el indulto, que el Gobierno de Zapatero no dudó en concederle. El Ministerio de Justicia, que entonces dirigía Francisco Caamaño, lo respaldó.

El indulto provocó multitud de críticas, también en las filas socialistas. El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, expresó su "perplejidad" por el indulto y defendió que expresaba su opinión en que "hay cosas que uno no puede callar".

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