El PSOE de Castilla y León ha exigido una investigación de oficio "muy urgente" para esclarecer el cobro de "determinados servicios" a empresas en los colegios concertados con el fin de conocer si están autorizados por la Consejería de Educación, ya que, como ha explicado la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ángela Marqués, en muchos casos se ha llegado a abonar hasta 200 euros al inicio del curso.

"Tenemos fundadas sospechas de la práctica en colegios concertados del cobro a familias por determinados servicios", ha insistido Marqués, quien ha exigido que el resultado de esta investigación sea detallado en las Cortes de Castilla y León.

De este modo, ha insistido en desvelar si la Consejería de Educación conoce estas prácticas y si puede garantizar que las familias que deciden no hacer frente a este cobro no sufren discriminación con respecto a los alumnos que sí abonan las cuotas. "Lo que queremos es conocer si los conceptos son autorizados o no por la Consejería", ha concluido.

Del mismo modo, Marqués ha exigido a la Consejería que no prorrogue los conciertos a colegios considerados "elitistas" —Peñalba, Pino Albar, Inmaculada Concepción y Alcazarén— y ha lamentado que a pesar de la situación de crisis actual la Junta "prime" los conciertos sobre la Educación pública. "Nuestra prioridad es la escuela pública, rechazo un el trato privilegiado de la concertada", ha señalado.

Ante esta situación, la procuradora socialista ha pedido que se busque un "espacio de diálogo" del que formen parte toda la comunidad con el fin de establecer de forma conjunta todos los criterios a tener en cuenta para establecer nuevos conciertos.

Por su parte, el procurador socialista Enrique Cabero ha pedido al consejero de Educación, Juan José Mateos, que comparezca en las Cortes para dar a conocer su posición sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una norma que, para el PSOE, es necesario que se retire por "inoportuna" y por se "ajena" al consenso.

Para Cabero la memoria económica que acompaña a la normativa es "la del recorte", y que lleva a Castilla y León a recibir el 21 por ciento de lo que se recibía a través de convenios de colaboración en 2011 —De 33,6 millones de euros a 7,2 millones—.