La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Trabajo que inicien una investigación en el grupo Arturo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, por posible fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Según los testimonios que trabajadores y extrabajadores del holding hostelero han dado a la Cadena Ser, el pago de una parte del sueldo en sobres y en metálico —por tanto, sin declarar a Hacienda ni constar en sus nóminas— era una práctica habitual en la empresa.

Fernández, vicepresidente de la patronal española de empresacios (CEOE), presidente de la patronal de Madrid (CEIM) y de la Cámara de Comercio regional, lo negó este lunes, aunque solo en parte. "El entramado hostelero es muy complicado. Puede haber habido irregularidades a lo largo de los años. Se le ha podido dar 100 euros a alguien porque hizo horas extras en la ciudad deportiva de Valdebebas. Lo que no se puede consentir es que se diga que el grupo Arturo paga generalizadamente la nómina por B", alegó en declaraciones a la agencia Efe.

Fernández gestiona, entre otras, las cafeterías del Congreso, el Senado, la Asamblea de Madrid, varios ministerios, el Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Cuartel General de la Otan o la de la sede de la UGT.

UGT aseguró este lunes que no le constan este tipo de prácticas. El responsable de Organización de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego, Daniel Pezuela, afirmó que ningún trabajador del grupo Cantoblanco denunció su sindicato estas prácticas.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, explicó en cambio que su central sí detectó entre 2009 y 2010 que en algunos centros, como el Tanatorio de la M-30 o el Congreso de los Diputados, "las horas extraordinarias y los pluses no estaban recogidos en nómina y, por lo tanto, no cotizaban a la Seguridad Social". Según Cedrún, la "presión sindical" hizo que esta situación se solucionase.

Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, las acusaciones ponen a Arturo Fernández en una situación "muy insostenible". Tomás Gómez, secretario general de los socialistas de Madrid, exigió que se retiren todas las concesiones administrativas al grupo Arturo si se verifican las informaciones.

"Si efectivamente hay algún comportamiento que es incorrecto, que va contra la normativa tanto en el ámbito laboral como el fiscal, se va a actuar aplicando la ley", zanjó el ministro de Economía, Luis de Guindos, a su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la UE en Bruselas.

El también vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González, reclamó "ejemplaridad" en los dirigentes empresariales tras conocer las acusaciones sobre Arturo Fernández.

Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid por el PP durante 11 años, aseguró que nunca tuvo conocimiento de la existencia de pagos en dinero negro a los trabajadores de la cafetería del parlamento regional, gestionada por el Grupo Cantoblanco. "Si algún empresario ha cometido este tipo de prácticas yo no tengo más que rechazarlo de plano", declaró.

Ignacio González, presidente de la Comunidad y amigo personal de Arturo Fernández [el jefe de los empresario madrileños contrató la mujer de González como vicepresidenta de la patronal madrileña], defendió que este es "un gran empresario" y "uno de los más reputados grandes hosteleros" de la región.