La Diputación de Granada ha dado cuenta este lunes de los "atrasos" que la Junta de Andalucía acumula por el servicio de ayuda a domicilio en la provincia, que suman ya los 14,5 millones de euros.

Ello está afectando a la situación de las trabajadoras sociales que prestan este servicio a los dependientes, 1.800 empleadas que en muchos casos llevan sin cobrar sus salarios más de tres meses, según la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas.

Nievas ha asegurado que la Junta de Andalucía mantiene unos impagos "que se han sistematizado" desde septiembre de 2012 ante lo cual el equipo de gobierno provincial ha apelado a las formaciones que gobiernan en la administración autonómica, PSOE e IU, que promuevan el pago de estas cantidades para que la Diputación Provincial, entidad intermediaria en esta materia, pueda abonar a su vez las partidas de la Ley de la Dependencia a los ayuntamientos.

La responsable del área de Familia y Bienestar Social, que ha dicho que "la situación en materia de Servicios Sociales en la Diputación de Granada es prácticamente insostenible", ha comparecido en rueda de prensa junto con la diputada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, y ha señalado que "estamos atendiendo a alcaldes y concejales de Bienestar Social de los diferentes pueblos de la provincia que nos manifiestan una situación que afecta directamente a las 1.800 trabajadoras de ayuda a domicilio que tenemos y a los dependientes a los que prestan asistencia".

Los impagos de la Junta de Andalucía "están afectando a nuestros mayores, que es lo más importante que tenemos", ha proseguido la diputada de Familia y Bienestar Social que ha exigido a la administración autonómica que "no maltrate a la provincia de Granada" pues "esas trabajadoras de ayuda a domicilio deben cobrar todos los meses y hay muchas empresas que están a punto de quebrar porque no se les está pagando".

Nievas ha incidido en la importancia de "pedir responsabilidades políticas" a las formaciones que "están cogobernando en la Junta" y que sin embargo están dirigiendo "injustamente" sus protestas a la Diputación Provincial.

La diputada delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, ha resaltado "la falta de lealtad institucional de la Junta de Andalucía con la Diputación de Granada" toda vez que está promoviendo lo que ha calificado como "recorte encubierto y ruin" pues es un "servicio que prestamos" adelantando su financiación "lo cual nos está causando graves problemas de Tesorería".

La diputada de Economía ha expuesto, por un lado, un certificado del interventor general de la Diputación que cuantifica en 14,5 millones de euros el débito en ayuda a domicilio, y el documento oficial que, a fecha 4 de enero, hizo llegar la Junta de Andalucía a la Diputación de Granada comprometiéndose a abonar las cantidades que se adeudan del ejercicio anterior pero "ese dinero no ha llegado".

"Ya ni siquiera pedimos que se firmen nuevos convenios, pedimos que paguen la Dependencia", ha resaltado Inmaculada Hernández que ha recordado que en anteriores mandatos de la Diputación, con gobiernos del PSOE, las partidas para Servicios Sociales "precisamente por afectar a las personas más vulnerables se pagaban incluso por adelantado" con convenios con un calendario de pagos por bimestres y semestres "que se cumplía escrupulosamente".

"El Partido Popular llega a la Diputación y los pagos brillan por su ausencia y se dilatan", ha concluido Hernández que, ante las llamadas de numerosos alcaldes para conocer el estado de estas partidas, ha apelado "al compromiso de la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, para hacer frente a su responsabilidad institucional".