Elisa Maldonado, la que fuera directora gerente de la Fundación Museo Picasso de Málaga, ha presentado una demanda contra esta entidad y su consejo por su despido, comunicado con fecha 13 de julio de 2012, una decisión que vincula a su maternidad y a su imputación en el 'caso Nóos' como consecuencia de la etapa en la que se encargaba de la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia, complejo que firmó convenios con el instituto presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para la celebración del Valencia Summit.

Maldonado presentó la demanda, con fecha 2 de noviembre, ante los juzgados de lo social de Málaga, tras haber intentado la conciliación con la fundación, que resultó sin efecto dada la incomparecencia de los codemandados, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. La demanda va dirigida contra la Fundación, el presidente del consejo, Bernard Ruiz-Picasso, y los consejeros vocales, entre ellos, el responsable de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso.

El juicio está previsto para marzo. En el escrito, pide que se declare nulo el despido y se condene a la Fundación a que la readmitan de forma inmediata, al abono de los salarios de tramitación devengados y a una indemnización adicional, que cuantifica en 60.000 euros, puesto que considera que se le causó un perjuicio "innegable".

La exdirectiva de CACSA explica en la demanda que prestó sus servicios para la Fundación Museo Picasso de Málaga como directora gerente con contrato de Alta Dirección desde el 1 de febrero de 2008 y hasta el 13 de julio de 2012, con una retribución total de 69.000 euros brutos, y el pago de gastos de alquiler y ordinarios por importe de 1.000 euros al mes.

Despedida un día después de declarar

El 13 de julio de 2012, reincorporada a su puesto tras su baja por maternidad derivada de parto múltiple y un día después de declarar en Valencia como imputada por el 'caso Nóos', recibió la carta de despido como consecuencia de las "medidas económicas de austeridad" acordadas por la Fundación.

La exgerente de la Fundación sostiene que, pese a su cargo, no tuvo información sobre una reducción drástica del presupuesto ni de la redacción de ningún plan de austeridad y alega que durante el tiempo de su baja estuvo en permanente contacto con el museo. Asimismo, subraya que el 5 de mayo de 2012, pese a no haber concluido el disfrute del permiso de maternidad, pidió reincorporarse a tiempo parcial desde el día 10, aunque no le contestaron.

Finalmente, de acuerdo con la demanda, comunicó el 25 de junio que se incorporaría el 5 de julio, y solicitó reducción de jornada. Ocho días después, el 13, le fue comunicada la rescisión del contrato por "medidas económicas de austeridad".

Maldonado considera que la decisión de su despido estuvo "claramente condicionada" por su imputación en el 'caso Nóos', por lo que sostiene que de esta forma se atenta "de manera inequívoca" contra su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

En esta línea, asegura que recibió correos electrónicos en los que le aconsejaban no acudir a Málaga por lo "incómodo" que podría resultar su presencia para miembros del consejo y otros que atribuían el cese a una "cuestión de imagen". Además, argumenta que no se tenía constancia de la aplicación de un Plan de Austeridad.

Consejero de cultura

La exdirectiva del centro añade en su argumentación que, a través de unas declaraciones del consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, realizadas en agosto, supo que el Museo aún no había decidido amortizar su plaza y que hasta la reunión del Consejo Ejecutivo de la fundación el 17 de septiembre no se adoptaría la decisión definitiva.

Junto con su imputación, Maldonado vincula el despido al hecho de haber tenido a sus hijos ya que, con anterioridad a esa etapa de su vida, sostiene que solo había recibido "grandes consideraciones" por su trabajo. Por ello, cree que este extremo también constituye "un móvil discriminatorio grave e indiscutible".

"vestir al santo"

Maldonado está imputada en el 'caso Nóos' en relación con los contratos del Instituto con CACSA, en la que trabajó entre 2003 y 2008. En una primera declaración ante la Policía, admitió que Jorge Vela, exdirector de Cacsa, le ordenó amañar un informe para "vestir el santo" del contrato entre la Generalitat y Nóos de la cumbre Valencia Summit, de manera que donde ponía 2005 escribió un 4 encima para dar apariencia de legalidad al contrato. En una comparecencia posterior ante el juez, el día antes de su despido, aseguró desconocer la razón por la que cambió la fecha.