La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Veléz-Málaga, Irene Urbón, ha acordado levantar el secreto que pesaba sobre dos piezas separadas del sumario del caso 'Arcos', en el que se investiga una presunta corrupción urbanística en el municipio de Alcaucín (Málaga).

En dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la jueza estima que "habiendo variado" las circunstancias que aconsejaron que las actuaciones permanecieran secretas, "procede dejar sin efecto dicha medida, pues en este momento el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso".

Fuentes del caso han indicado que con este levantamiento no hay partes del sumario que permanezcan bajo secreto y han apuntado que todavía no se ha dado traslado a las partes del contenido de estas piezas, que, según otras fuentes, versan sobre las investigaciones realizadas sobre el catastro.

La primera operación policial por el caso 'Arcos' se desarrolló en febrero de 2009 y, entre otras personas, fue detenido el entonces alcalde José Martín Alba, que ingresó en prisión imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.

Las primeras investigaciones apuntaron a la existencia de un supuesto "entramado de personas y sociedades" para "lucrarse de forma ilícita mediante negocios urbanísticos". Tras el análisis de la documentación intervenida, se han investigado varias tramas relacionadas con promociones o constructores concretos, aunque la instrucción se ha extendido a gran parte de proyectos urbanísticos en dicho municipio.

El exregidor defendió que tenía ingresos "como alcalde, artista y albañil", pero no como mediador en compraventas, aunque los investigadores hallaron ingresos en efectivo cuya procedencia estaba "sin justificar" y podrían ser "de comisiones presuntamente ilegales". Además detectaron concesiones de licencias "sin ningún rigor" y "a demanda".

Las últimas investigaciones han estado relacionadas con la supuesta modificación fraudulenta del catastro, por lo que en marzo del pasado año se desarrolló una operación en la que se practicaron registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato de Recaudación.

Según los investigadores de la Guardia Civil, se hacía creer a los ciudadanos interesados en la adquisición de suelo, principalmente extranjeros, "que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables".