Los afectados por la aplicación de la Ley de Montes en Voto han acordado este sábado por unanimidad dar por finalizado el encierro que han protagonizado durante nueve días en el Ayuntamiento. No obstante, advierten que es tan sólo un "paréntesis", hasta la nueva reunión que han concertado con Consejería de Ganadería y Desarrollo Rural para el próximo 9 de abril.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de los afectados, Javier Rugama, quien ha puntualizado que mientras llega esa fecha, "no van a estar quietos". Durante este periodo, los afectados de Voto mantendrán reuniones con el resto de colectivos para informarles de los compromisos adquiridos por el Gobierno en cuanto a la solución de la propiedad, la primera de ellas el próximo día 15 a las 21 horas en el Ayuntamiento de Soba (Veguilla).

Además, Rugama ha destacado que si la respuesta de la Consejería en la reunión del 9 de abril "no es aceptable", mantendrán "viva" la marcha andando a Santander, a la que intentarán, si es el caso, que se unan el resto de colectivos afectados por la Ley de Montes.

En la reunión mantenida este viernes, los afectados han pedido a la consejera de Ganadería, Blanca Martínez, que la administración admita otro tipo de documentos que se puedan validar con el Catrastro, al margen de las escrituras registradas con anterioridad al 21 de febrero de 1974, para reconocer la titularidad de una parcela en un monte de utilidad pública.

La Consejería ha adquirido el compromiso de dar traslado de esta petición a los servicios jurídicos para que la estudie. También se ha comprometido a intentar solucionar el "grave problema" de las parcelas que, estando dentro de la concentración parcelaria, están ahora afectadas por los Montes de Utilidad Pública y cuyos títulos están "retenidos por este problema".

Convenios forestales

En lo que la Consejería se ha mostrado "intransigente", según ha explicado Rugama, es en lo que se refiere a la modificación de los nuevos convenios forestales. El portavoz de los afectados ha señalado que el Gobierno "se ha enrocado y empecinado en no modificar ni una coma de su reglamento".

Los afectados no están de acuerdo con la tasa del 15% sobre la venta de la madera, que a su entender es "totalmente abusiva e insorportable" y hace que los nuevos convenios forestales "nazcan muertos". Aunque estiman que la Administración "podría haber sido más laxa" en este aspecto, han decidido "aparcar" este asunto, contra el que creen que tendrán que "luchar" por la vía contencioso-administrativa.

Los afectados por la Ley de Montes creen que lo que han conseguido del Gobierno tras estos nueve días de encierro es "poco". No obstante, han decidido hacer este "paréntesis" hasta la reunión del 9 de abril pero reiteran que hasta entonces "no estarán quietos".