El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de la cadena alimentaria, que pretende mejorar su funcionamiento y que fijará con claridad los contratos entre compradores y suministradores. El Gobierno ha aprobado este viernes "tres anteproyectos de ley y tres proyectos de ley".

Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa junto al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Esta ley, según el anteproyecto presentado el pasado mes de octubre, prohibirá prácticas comerciales como la modificación unilateral de los contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores.

Según indicó entonces Cañete, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales se prevé "un régimen de sanciones".

Regulará además el suministro de información comercial sensible que la industria tiene que dar a conocer a la distribución y prohibirá "el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador"

También se ha aprobado la transposición de dos normas comunitarias en materia de justicia, según las mismas fuentes del Ejecutivo. El Consejo de Ministros también ha aprobado el llamado plan PIMA Aire para la renovación del parque de grandes vehículos comerciales que, según adelantó Rajoy a finales de enero, estará dotado con 40 millones de euros.

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias, Promarca y Fiab han celebrado la aprobación de la medida. En un comunicado conjunto, han explicado que, a la espera de conocer a fondo su contenido, confían en que "la ley será un paso importante para reequilibrar las relaciones entre los distintos operadores de la cadena alimentaria e incrementar la competitividad del sector en su conjunto".