El diputado socialista y portavoz de la Comisión de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha estimado que entre un 25 y un 30 por ciento de las personas afectadas por las participaciones preferentes podrían resultar objeto del arbitraje contemplado en el acuerdo de PP y PSOE y recuperar el conjunto de sus aportaciones.

Gómez ha precisado no obstante que aquellos que hubieran obtenido un tipo interés mayor que el de mercado verían descontado el diferencial, pero que la devolución sería de cualquier forma por su valor íntegro.

En total, según ha subrayado, las tres entidades nacionalizadas del país, Novacaixagalicia, Bankia y la Caixa de Cataluña, suman 200.000 personas afectadas por la adquisición de estos productos.

El que fuera ministro de Trabajo se ha reunido con más de un centenar de ellos este jueves en Segovia, en un encuentro en el que también ha estado presente el secretario general del PSOE en Segovia, Juan Luis Gordo.

Antes del encuentro, se ha referido a la situación "peculiar" que se presenta a los afectados, ya que las instituciones europeas prestan dinero al Estado español para recapitalizar sus bancos pero incluyen entre las condiciones que los titulares de preferentes no pueden obtener otra devolución de su producto que no sea la del valor de mercado, que en muchas ocasiones, según ha dicho, tiende a ser con una prima del diez por ciento.

"Esto es conducir a la pérdida de buena parte de sus ahorros a las decenas de miles de personas que tienen este tipo de productos", ha lamentado el responsable socialista en declaraciones recogidas por Europa Press.

Frente a ello, según ha añadido, el PSOE insiste en que no debe ser posible que ese tratamiento de perdida se imponga desde Bruselas a personas que han sido objeto de "engaño".

La "inmensa mayoría" de quienes suscribieron estos títulos, ha remarcado, "no conocían el productos que compraba y lo único que hicieron fue confiar en las recomendaciones que le hacía la propia institución financiera".

Gómez ha insistido en la necesidad de una fórmula barata y sencilla, como es la del arbitraje, para aquellos casos en que existan pruebas evidentes de que existe un "engaño", bien por la edad, bien por las condiciones que reúne la persona, que a su juicio deben evaluarse por una comisión pública al objeto de diseñarse los requisitos que debe reunir el inversor para establecer un convenio de acuerdo.

"Una vez se obtenga el criterio, el acuerdo contempla que la persona no puede ser objeto de ningún tipo de quite y debe respetarse el valor íntegro de su inversión. Ésta es la característica esencial de la posición del PSOE en esta materia y en base a ello se ha diseñado el principio de acuerdo con el PP", ha recordado.