La delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, considera que las 3.997 personas imputadas en toda España por falsificar certificados de residente para beneficiarse del descuento aéreo del 50% y de las que 811 son de Baleares, "sí debían conocer que estaban defraudando porque la agencia les enviaba el billete junto con un certificado de empadronamiento de un municipio de las islas".

En un comunicado, Palmer ha explicado que la investigación de la denominada 'Operación Resident', por la que en julio de 2012 fueron detenidas dos empleadas de la agencia de viajes Mon Blau S.L. sigue su curso, por lo que ha desvelado que en estos momentos, están siendo interrogados por la Guardia Civil los cerca de 4.000 imputados en sus diferentes provincias de origen.

Por otro lado, ha considerado que esta operación demuestra "el fraude detectado por el Ministerio de Fomento en el descuento de residente para volar", por lo que, a su juicio, las gestiones del departamento dirigido por Ana Pastor quedan "plenamente justificadas", refiriéndose así a la obligatoriedad de mostrar el certificado de empadronamiento cada vez que se quiere volar acogiéndose al descuento de residente.

Palmer ha recordado que durante su última visita a Mallorca el pasado mes de agosto, Pastor afirmó que el regreso al uso del certificado de empadronamiento se debía a la necesidad de luchar contra fraudes detectados en billetes de o hacia las islas de los que el Gobierno subvenciona el 50%.

Con independencia de ello, la delegada del Gobierno ha resaltado que la Guardia Civil de Baleares, en colaboración con la Policía Local de Son Servera, había iniciado durante la primavera de 2012 la señalada 'Operación Resident', por la que en julio fueron detenidas dos personas en sendas agencias de viaje de S'Illot y Cala Millor acusadas de un delito de falsedad de documento público y otro de fraude contra la Hacienda Pública.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los hechos se detectan a mediados del pasado año 2012 cuando se detuvo a dos personas que regentaban unas agencias de viajes. A raíz de las mismas, se pudo constatar que habría un "gran número" de certificados falsificados utilizados "por clientes que no habían estado nunca empadronados como residentes en Baleares, para así poder obtener el descuento del 50 por ciento del precio del billete" de avión.

Una vez concluida la fase de investigación, a principios de este mes de febrero se ha comenzado la explotación de la citada operación en todo el territorio nacional, es decir, a llevar a cabo las detenciones correspondientes.

Además, la instrucción de diligencias están tuteladas por los Juzgados de Manacor y el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de esta localidad mallorquina.

En el transcurso de la investigaciones realizadas se han logrado detectar "un gran número de falsificaciones", lo que llevaría a cabo la imputación de alrededor de 4.000 personas dispersas por toda la geografía española, por lo que unas 1.000 corresponderían a Andalucía.

Del mismo modo, las citadas fuentes han comunicado que el montante económico defraudado por este sistema de falsificación de certificados de residente ascendería a "varios millones de euros".