UGT, satisfecho por una sentencia que obliga a empresas aceiteras a revalorizar el salario de los trabajadores

La Federación de industria y trabajadores agrarios de UGT-Jaén ha mostrado este miércoles su satisfacción con la sentencia del Juzgado de lo social número 4 de Jaén en relación al convenio colectivo de trabajo para las Industrias del Aceite y sus Derivados de la provincia de Jaén, toda vez que el fallo obliga a las almazaras y cooperativas, orujeras o empresas dedicadas a la biomasa y el reciclado de aceites a revalorizar los salarios de los trabajadores.

La Federación de industria y trabajadores agrarios de UGT-Jaén ha mostrado este miércoles su satisfacción con la sentencia del Juzgado de lo social número 4 de Jaén en relación al convenio colectivo de trabajo para las Industrias del Aceite y sus Derivados de la provincia de Jaén, toda vez que el fallo obliga a las almazaras y cooperativas, orujeras o empresas dedicadas a la biomasa y el reciclado de aceites a revalorizar los salarios de los trabajadores.

Dicha sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge la aplicación de la revalorización de las tablas salariales y obliga a las empresas afectadas a que procedan a la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del convenio, que "consiste en la subida del IPC más un punto, lo que supone un 4,4 por ciento", tal y como han señalado desde el sindicato.

Desde Fitag-UGT entienden que "se ha hecho justicia, puesto que el convenio es de obligado cumplimiento y no se puede modificar en el transcurso de su vigencia y más cuando el propio texto da la posibilidad del descuelgue salarial y, por lo tanto, la no aplicación por motivos de viabilidad".

Por ello, el sindicato solicita a la parte empresarial "que no demore más el pago y haga efectivo los atrasos desde el 1 de octubre de 2012 a todos y cada uno de los trabajadores afectados en la provincia, tanto fijos, fijos discontinuos y eventuales".

No obstante, ha aseverado que va a seguir con el calendario de reuniones y asambleas con los trabajadores del sector para explicarles la situación en la que se encuentran y "poner a su disposición los servicios jurídicos del sindicato en el caso de que las empresas se demoren en la aplicación de la sentencia".

Cabe recordar que el documento, que cuenta con una vigencia de cinco años de los que queda solo el presente, recogía la actualización salarial de IPC más un punto que los empresarios "no firmaron", lo que los sindicatos calificaron de "despropósito", pues aseguraban que los trabajadores habían estado "muchos años aguantando muchas cosas en este sector".

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