La distribución comercial ha pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no ignore las sugerencias de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre la futura Ley de la Cadena Alimentaria y sustituya el régimen sancionador que contiene el anteproyecto por un cambio de la legislación de competencia desleal que mejore los mecanismos de denuncia de las prácticas desleales ante los tribunales.

Esta es una de las propuestas que han realizado la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermecados (Aces) en una carta remitida al titular de Agricultura.

En la misiva plantean además que, en "coherencia" con los pasos que está dando la Comisión Europea, se impulse un marco normativo de "auténtica autorregulación" de las prácticas comerciales.

Anged, Asedas y Aces tienden la mano a Arias Cañete para encontrar en el "más breve plazo posible" un texto de consenso sobre la futura ley de la cadena alimentaria que tome en consideración la observaciones planteadas por la CNC.

"No se entendería que el Ministerio quisiera rechazar esta propuesta de diálogo; ya que, por otro lado, trabaja con la propia distribución para solucionar los problemas del sector agrario en algunos sectores como la leche o el aceite", han indicado las tres asociaciones.

Las organizaciones aseguran compartir el interés del Ministerio por mejorar las relaciones comerciales de la cadena alimentaria y ofrecen su "más firme" voluntad de colaboración.

Riesgos de ruptura de mercado

No obstante, han considerado también que la consecución de los objetivos marcados por la ley no puede ignorar las recomendaciones hechas recientemente por la CNC, ni contravenir los esfuerzos que el Gobierno está haciendo desde otros ámbitos para garantizar la unidad de mercado.

"El diagnóstico de la CNC sobre el anteproyecto de ley coincide en parte con los riesgos de burocratización innecesaria de las relaciones comerciales y de ruptura de mercado que la distribución ha trasladado al Ministerio y considera que debe evitarse, para que la futura Ley no suponga un coste añadido para los consumidores".

En este caso, las aportaciones de la CNC, según las patronales del sector, son "muy relevantes", dado que ha jugado un papel "decisivo" a la hora de definir los posibles problemas que esta futura Ley pretende resolver y las vías más adecuadas para darles solución.

El anteproyecto de la ley de la cadena alimentaria recoge multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometan prácticas abusivas en el sector alimentario.

Tras conocer el anteproyecto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía consideró que se debería "reconsiderar parte del contenido" del anteproyecto y avisaba del "elevado riesgo de ruptura de unidad de mercado".

En concreto, la CNC señaló que el sistema de infracciones administrativas y el régimen sancionador propuesto en este anteproyecto generaría "un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado, al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo territorial de referencia".