La diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, ha mantenido que las 2.543 plazas existentes actualmente en residencias concertadas del Territorio vizcaíno se encuentran "ocupadas" y ha asegurado que "no existen plazas libres", a excepción de una cama por "motivos preventivos" ante alguna urgencia.

Además, en relación a las explicaciones solicitadas por Bildu sobre si la BBK había mantenido las "condiciones y compromisos" firmados en el contrato con los mayores de la antigua residencia Reina de la Paz (Sarriko), denominado ahora Centro BBK Sarriko, Ardanza ha afirmado que estudiará "hoy mismo" el contrato presentado por la empresa encargada de la gestión, han informado fuentes forales.

En una comisión en las Juntas Generales de Bizkaia, la responsable de Acción Social ha afirmado que en el territorio "existe en realidad un exceso de oferta", tras las dudas apuntadas por el grupo Bildu en su petición de comparecencia para conocer el motivo de "la existencia de camas desocupadas en diversas residencias, cuando existe un importante número de personas en lista de espera".

En este sentido, Ardanza ha señalado que en la última revisión realizada por la Diputación foral, 108 centros residenciales ofrecieron 5.168 plazas, "el doble" de la demanda real, y ha apuntado que la Diputación ajusta las plazas en función de las solicitudes y que paga 75 euros al día por cada cama concertada.

En cuanto a las listas de espera, Ardanza ha indicado que el año pasado, un total de 289 personas estaban "pendientes de asignación" de una plaza. De ellas, 32 personas recibieron la plaza en un plazo inferior a las dos semanas por ser pacientes graves de grado III como marca la normativa, y otras 202 decidieron mantenerse en su residencia anterior.

Centro bbk sarriko

En la misma sesión, el grupo Bildu ha solicitado explicaciones sobre si la BBK había mantenido las "condiciones y compromisos" firmados en el contrato con los mayores de la antigua residencia Reina de la Paz (Sarriko), denominado ahora Centro BBK Sarriko.

La diputada foral ha explicado que su departamento va a estudiar el contrato presentado "hoy mismo" por la empresa Vitalitas, encargada de la gestión del nuevo centro, en el que se incluye de forma "permanente y definitiva" el uso de habitaciones individuales para los mayores, tal y como pedían los antiguos residentes.

Según ha confirmado Ardanza, desde que el pasado 7 de enero comenzara el regreso de los ancianos de forma escalonada, 112 personas se han incorporado hasta ahora, de las 300 que salieron hace cuatro años. Al finalizar el proceso, Ardanza espera que un 50 por ciento de los antiguos clientes vuelvan al nuevo centro, mientras que el resto, o "han fallecido" o bien "se quedan donde están".

Proposiciones aprobadas

Previamente a las explicaciones que ha ofrecido la diputada, la Comisión de Acción Social ha aprobado las dos Proposiciones No de Norma incluidas en el orden del día. En la primera, todos los grupos de la Cámara, a excepción del PP, han aprobado una iniciativa de Bildu para instar al Gobierno vasco a dejar sin efecto las nuevas condiciones impuestas a los inmigrantes para recibir asistencia sanitaria, medidas que entraron en vigor con el Decreto 114/2012 del Gobierno vasco.

Entre las normas denunciadas por la coalición abertzale que "cercenan los derechos de los más desfavorecidos", se encuentra la obligatoriedad de presentar un certificado de arraigo para poder obtener una tarjeta sanitaria a la persona que lleve empadronada menos de un año en la Comunidad Autónoma Vasca. Según Bildu, este requisito supone un "retroceso" con respecto a la Ley estatal que únicamente exige tres meses.

Después de aceptarse sus seis enmiendas, el PNV ha apoyado la propuesta y ha incidido en que el "origen del problema" se encuentra en el Real Decreto 16/2012 del Gobierno de Madrid. Los nacionalistas coinciden con Bildu en dejar sin efecto esta ley y "mitigar sus efectos negativos" en Euskadi, ha mantenido Jon Larrea, apoderado del PNV.

El portavoz del PSE-EE en la comisión, Juan Otermin, ha recordado el reciente auto del Tribunal Constitucional que critica la legislación estatal, ya que "limitar la salud de algunos puede ir en detrimento de la salud de toda la sociedad", como en el caso de la propagación de las enfermedades contagiosas. El apoderado socialista ha criticado la postura de los populares en este asunto. "Una sociedad que no atiende a los más desheredados es inhumana", ha advertido dirigiéndose al grupo popular.

En este punto, los populares se han quedado solos al defender el Real Decreto que para ellos viene a "garantizar la estabilidad del sistema sanitario". Según el popular Eduardo Andrés, no puede haber "café para todos". La ley permite "equipararnos con los países europeos y evitar el turismo sanitario", ha dicho, para recordar que la asistencia sanitaria en las urgencias está asegurada para todos.