La Diputación Provincial de Ourense y los representantes de los trabajadores afectados por el Expediente de Despido Colectivo (EDC), que supone el primer ERE que se aplica en una administración pública gallega y que afecta a un total de 28 empleados, no alcanzaron un acuerdo en la última reunión que tuvo lugar esta mañana.

Finalizado el período de consultas, la Diputación de Ourense aplicará el ERE sin contar con el acuerdo de los trabajadores laborales afectados, mientras que el sindicato CC.OO., con representantes y asesores en la mesa de negociación, ya ha anunciado que acudirá al juzgado para impugnarlo.

La última reunión se ha celebrado en la mañana de este miércoles con representantes de la Diputación de Ourense y de los trabajadores y, según el diputado provincial y representante oficial, Argimiro Marnotes, después de nueve reuniones "se levanta la negociación sin acuerdo".

Por su parte, el asesor de CC.OO. que participó en las consultas, Ramiro Otero, ha explicado a Europa Press que las causas económicas argumentadas para el expediente "no se sustentan" y existen otras "fórmulas antes que los despidos" para reducir personal.

Disparidad en los criterios

Marnotes ha mantenido que la institución provincial comunicará a la autoridad laboral el ERE para un número inferior a los 30 trabajadores y ha argumentado que "sí se puede hacer", ya que "en la lista inicial había 32 trabajadores, cumpliendo así el requisito de más de 30 en el caso de la Diputación de Ourense". La institución provincial ya ha confirmado mediante un comunicado que el expediente afectará a 28 trabajadores.

Por su parte, Otero ha discrepado y ha estimado que no se cumple el requisito para plantear un Expediente de Despido Colectivo con el 10 por ciento de los trabajadores, ya que todo lo que baje de 30 es "incumplir". "En este momento son 29 y pueden ser menos, pues podrían presentarse denuncias por cesiones ilegales de trabajadores a varios ayuntamientos de la provincia, como se hizo con el de Xinzo de Limia, que el juzgado ya determinó que fue cesión ilegal", ha agregado.

Además de incumplir el requisito legal del número de afectados, según Otero, el ERE de la Diputación de Ourense "tampoco es legal porque las razones económicas que pretenden justificarlo no se sustentan", ya que desde que se iniciaron las negociaciones, "se aprobaron contratos a amigos del presidente por más de 120.000 euros".

Por contra, Marnotes, quien también es alcalde de O Carballiño, mantiene que no hay aumento en la partida presupuestaria para contratos. El diputado provincial consideró "satisfactorio" que los despidos colectivos afecten al menor número posible de trabajadores y recordó que, aún sin acuerdo de los afectados, la Diputación mantendrá las condiciones del "EDC mejorado", que supondrá indemnizaciones no de 20 días por año trabajado y durante 12 meses, sino de 25 días por año trabajado y durante un máximo de 18 meses.

En marzo podrían estar fuera

Según los plazos manejados por Marnotes, los trabajadores podrían abandonar sus puestos de trabajo durante el mes de marzo, pues ahora toca comunicar el Expediente de Despido Colectivo a la autoridad laboral "de forma inmediata" y más tarde, en un plazo de 15 días, a cada uno de los afectados.

El asesor sindical que participó por CC.OO., Ramiro Otero, ha concluido que este Expediente de Despido Colectivo es "nulo de derecho" y ha afirmado que el único interés en mantenerlo que tiene el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, "es para enviar un mensaje al PP de que él es el que manda".

De esta forma, la Diputación de Ourense pondrá en conocimiento de la autoridad laboral la resolución para, posteriormente, iniciar la comunicación individual del despido a cada uno de los trabajadores afectados.