La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha dicho que "no tiene sentido" activar la Obligación de Servicio Público (OSP) del tráfico aéreo entre la Península y el archipiélago, pues son trayectos "absolutamente rentables".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en un acto celebrado hoy miércoles en Santa Cruz de Tenerife, a raíz de que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, haya anunciado que en la reunión que mantendrá próximamente con la ministra de Fomento, Ana Pastor, va a reclamar que se active la Obligación de Servicio Público para el transporte aéreo.

Hernández Bento ha señalado que la OSP sólo se establece cuando existen dificultades para que las líneas aéreas sean rentables, por lo que "no tiene sentido" activar esta obligación en trayectos que son "rentables" como es el caso de Canarias-Península.

Ha añadido, además, que el transporte aéreo es un mercado libre y, por tanto, son las compañías las que pueden fijar los precios, y ha recordado que en los presupuestos de este año ya se ha aumentado la cantidad destinada al transporte interinsular para declarar cinco rutas de servicio público.

Respecto al descuento del 50% en el precio de los billetes, ha dicho que la ministra de Fomento ha reiterado "una y otra vez" su preocupación porque esta subvención no está contribuyendo a abaratar los precios, de ahí que haya garantizado que va a mantener el porcentaje "por más que sigan preguntando" desde el Ejecutivo canario.

Sentencia del tc

La delegada del Gobierno también se ha referido a la sentencia del TC respecto a la extracción de hidrocarburos, y ha indicado que "pocas valoraciones se pueden hacer" porque el Gobierno "tenía clarísimo" antes de que fuera publicada que "las aguas territoriales son españolas" y, por tanto, "no había ninguna duda de que la sentencia iba a ir en ese sentido".

María del Carmen Hernández Bento ha lamentado que el Gobierno de Canarias esté "empeñado" en "judicializar" este asunto, pues jurídicamente estaba "muy claro" que las aguas donde se van a realizar las prospecciones son "de titularidad del Estado", por lo que "se ha demostrado" que la Comunidad Autónoma "no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre ellas".