El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri imputado en el caso Gürtel, ha afirmado este miércoles que cree que "estaba permitido por lo que se acordó en el Ministerio de Hacienda" que los imputados en la trama de corrupción pudieran regularizar su dinero a través de la Declaración Tributaria Especial (DET), la denominada amnistía fiscal.

"En teoría eso estaba permitido legalmente. Ahora hay gente que no le gusta y otras personas no estarán de acuerdo con esa decisión del Ministerio de Hacienda de decidir esa amnistía fiscal. Pero que ahora se quiera mezclar una cosa con otra... no lo acabo de entender. Yo creo que eso estaba permitido por lo que se acordó en el Ministerio de Hacienda", ha manifestado Peláez en declaraciones a la Cadena Cope.

Así se ha expresado el letrado de Ulibarri, después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Pablo Ruz haya preguntado a la Agencia Tributaria si el presunto líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa se han acogido a la Declaración Tributaria Especial (DET), la denominada amnistía fiscal.

Al ser preguntado sobre si tiene constancia de que se haya intentado regularizar dinero por parte de alguno de los imputados en la trama Gürtel, Peláez ha contestado: "Yo sinceramente es que no lo sé. No me consta y yo no llevo ese tema de mi cliente, pero no me consta. Ahora, me resulta llamativo que se pida esto a esta hora. No sé, no lo acabo de entender mucho".

Dicho esto, ha señalado que si el "dinero no tiene origen delictivo" y las personas que quieren regularizarlo "no tenían bloqueados sus bienes o no se ha acreditado que ese dinero o esos bienes procedieran de haber hecho alguna operación ilícita", un imputado como Correa, podría acogerse a la amnistía fiscal "legalmente", al igual que una sociedad que no está siendo investigada porque si no, en este último caso, "se va a criminalizar a cualquier persona".

Uno de los más polémicos a la hora de acogerse a esta posibilidad de regularizar dinero fue Luis Bárcenas, extesorero del PP, que habría declarado y legalizado 10 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del Gobierno, según reconoció su abogado, Alfonso Trallero. Cabe recordar que Bárcenas tenía 22 millones de euros en Suiza y que también está imputado por este caso.

Además de Correa, el juez Pablo Ruz pregunta por las declaraciones tributarias realizadas por el número 2 de la trama, Pablo Crespo; el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los exdiputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; la exesposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias.

El magistrado también se interesa por las declaraciones del empresario José Luis Ulibarri; los exalcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Majadahonda Guillermo Ortega, Arganda del Rey Ginés López, y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, todos del PP; el exdiputado Jesús Merino; y el exconcejal en Boadilla José Galeote.

También figuran en esta lista el expresidente de Fadesa Fernando Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas, Amando Mayo y las sociedades UFC y Grupo Begar.