Ecologistas en Acción ha exigido "transparencia" al Gobierno de María Dolores de Cospedal en la venta de fincas rústicas y le ha reclamado por escrito que "confirme expresamente" que el Gobierno regional no venderá Montes de Utilidad Pública ni otras fincas con valor ambiental. La organización ha preparado un escrito que remitirá este miércoles a la presidenta regional con estas demandas.

Esta organización ha reaccionado así después que Cospedal especificara este martes que "prevé la posibilidad de vender bienes de titularidad pública, ya sean inmuebles urbanos o determinadas finas rústicas", pero en ningún caso se prevé "poner en peligro espacios naturales".

A su juicio, se "confirman" que las denuncias realizadas por otras entidades y colectivos en relación a los planes de la Junta para poner a la venta fincas de titularidad pública y consideran que "están plenamente fundamentadas y que el desmentido de la Junta del pasado lunes era falso y no pretendía sino confundir a la opinión pública".

Por este motivo, ha exigido a Cospedal "trasparencia absoluta" y que indique "qué tipo de fincas rústicas y cuáles en concreto están en estudio para la venta".

"Cospedal pone el énfasis en la rentabilidad económica para justificar el saqueo de lo público, en este caso terrenos rústicos de titularidad de la Junta que se privatizarían para beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos", ha aseverado.

Valor social y no económico

Ecologistas he destacado que los terrenos de la Junta presentan "una rentabilidad social, en términos de generación de empleo y uso público, y ambiental, muy por encima de la económica" y que no implican ningún gasto que no se pueda asumir.

Asimismo, ha indicado que en el caso de los Montes de Utilidad Pública que, son uno de los tipos de terreno para los que se plantea la venta, "la Junta ni siquiera tiene que pagar impuestos, pues están exentos por Ley".

"Todos los terrenos públicos, en particular los Montes de Utilidad Pública, tienen un gran valor ambiental, pues la mejor forma de garantizar la protección del territorio deviene de la titularidad pública de los mismos. Cualquier venta de terreno público supone un impacto irreversible sobre el medio natural", han concluido.