El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha acordado sobreseer la denuncia que la Cooperativa Vallisoletana de la Vivienda 7 interpuso contra el alcalde de Fuensaldaña, Carlos García Román, y el arquitecto municipal, Fernando José Pérez Ruiz, por prevaricación y coacciones al haber denegado el pasado mes de diciembre la concesión de la licencia de habitabilidad de 232 chalés ubicados en la Ciudad de la Juventud, dentro del referido término municipal vallisoletano, por presentar, según los denunciados, fallos arquitectónicos.

En su auto, la instructora fundamenta el sobreseimiento provisional en la convicción de que los hechos deben seguir, en todo caso, la vía de lo contencioso-administrativo, si bien dicha resolución ha sido recurrida en reforma ante el juzgado por la parte denunciante y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia Provincial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, la negativa a la hora de conceder la licencia de habitabilidad obedecía a la supuesta ilegalidad de unas escaleras de caracol situadas en el interior de cada una de las viviendas, toda vez que el proyecto base de las mismas recogía la instalación de cuatro escaleras de 45 grados y, sin embargo, se habían colocado finalmente seis de 30 grados, algo que, según el informe del arquitecto municipal, no cumplía los requisitos del código técnico de edificación.

Pese a los informes en contra presentados por la propia cooperativa, que avalaban la legalidad de la obra y advertían de que idéntica solución se había aplicado a las escaleras interiores de los chalés de sendas urbanizaciones en Castilla y León, una en Grijota (Palencia) y otra en Soria, el alcalde y el arquitecto municipal mantuvieron invariable su decisión, algo que ha impedido obtener a los cooperativistas de este complejo de la Ciudad de la Juventud la correspondiente licencia de habitabilidad en 2012 y, por ello, los propietarios se verán afectados por la aplicación del nuevo IVA cuando escrituren sus casas.

En la denuncia presentada por la cooperativa promotora se acusaba al alcalde de actuar de manera "arbitraria" y "contraria a derecho", para lo cual, según la parte denunciante, se habría amparado en el arquitecto municipal para "revestir y dar apariencia de legalidad" a la denegación de la licencia mediante la emisión de un informe que declara que el modelo de escalera que se ha ejecutado en las viviendas no se ajusta a normativa.

Ya contaron con el visto bueno del arquitecto

En este sentido, la cooperativa recordaba que en su momento el arquitecto municipal dio el visto bueno e informó favorablemente la solución técnica dada a la escalera, dándola por válida y ajustada a la normativa, en los dos expedientes de modificación y ampliación de licencia que se tramitaron en el Ayuntamiento para la ejecución de las viviendas con sótano.

"En los planos del sótano, visados por el Colegio de Arquitectos, de agosto y octubre de 2010, ya consta la escalera que se ha ejecutado y que, a mayor abundamiento, mejora notablemente las prestaciones de comodidad y seguridad", advertía la cooperativa, que añadía que el entonces alcalde, Alberto Perandones, actualmente concejal, concedió las licencias de ampliación y modificación el 26 de octubre de 2010 y el 28 de abril de 2011, y autorizó con ello la ejecución del modelo de escalera.

En las fechas de concesión de las licencias, el actual alcalde, Carlos García Román, era concejal de Urbanismo, "y por lo tanto, es plenamente conocedor del contenido de los expedientes y de la aprobación por el Ayuntamiento del modelo de escalera que se ha ejecutado", de ahí que, en opinión de la parte denunciante, el Ayuntamiento quedaba vinculado por esa aprobación y, por lo tanto, debía conceder la licencia.

Por ello, la justificación dada para negar la concesión de la licencia no es más que "una cortina de humo" del hoy primer edil de Fuensaldaña, en colaboración con el arquitecto municipal, dentro de la "estrategia continuada de obstaculización de este proyecto".