Las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios dependientes de la Consejería de Fomento y Vivienda y los trabajadores sociales que prestan los servicios comunitarios municipales colaborarán para coordinar y mejorar la atención a las familias que "se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, bien por estar a punto de perder su residencia habitual o bien por haber sido ya desahuciadas".

Según indica la Consejería en una nota, la secretaria general de Vivienda y Arquitectura, Amanda Meyer, y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, Ana Muñoz, han mantenido un encuentro en el que han acordado cooperar en la difusión del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como en el diseño y aplicación conjunta de herramientas y protocolos de atención que redunden en la calidad del servicio público y gratuito que se presta desde ambas esferas.

La Junta destaca que los servicios comunitarios "constituyen la puerta de entrada de los colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad". "Son la primera puerta a la que llaman estas personas, de ahí la importancia de mantener una relación fluida de trabajo con estos profesionales para que la información y el asesoramiento que se ofrezca sean las más adecuadas, para que la derivación de los casos se produzca de forma coordinada y para que la identificación de los problemas se realice de forma rápida y ágil a partir de informes sociales elaborados con criterios unificados", ha destacado Meyer.

De igual modo, la secretaria general de Vivienda y la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social han acordado la necesidad de profundizar en la formación en materia de atención social de los funcionarios que atienden a las familias que acuden a las oficinas de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de la Consejería de Fomento. "Este personal recibe, orienta, asesora y trata de resolver problemas que tienen un enorme componente social y emocional, de ahí la necesidad de que el servicio que se dé sea siempre el más profesional", ha recordado Amanda Meyer.

Ambas partes han acordado trabajar ya en la elaboración de un convenio marco que dé cobertura a esta colaboración, con el fin de que cuanto antes se puedan aplicar todas estas iniciativas propuestas.

En ese sentido, Meyer ha subrayado que "el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituye el marco adecuado para aunar esfuerzos entre la administración y colectivos profesionales de gran relevancia, como el de los trabajadores sociales, con quienes existe una sintonía absoluta en la lucha contra los desahucios". A su juicio, la Consejería está contribuyendo a la creación de "un gran frente social y político" contra este drama social.

Tanto Meyer como Muñoz han coincidido en la necesidad de incrementar los esfuerzos para que las familias afectadas por este drama social logren permanecer en sus viviendas, "un objetivo que se convierte en una obligación cuando en la unidad familiar existen miembros dependientes —mayores y niños— y personas con movilidad reducida", ha puntualizado la secretaria general de Vivienda y Arquitectura, quien ha reiterado que "el trabajo que se realiza en las oficinas contra los desahucios está encaminado precisamente a ello".

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