El Parlamento ha aprobado este martes, con los únicos votos del PP, instar a la Xunta a requerir del Gobierno central que tenga en cuenta la dispersión geográfica de Galicia como "elemento corrector" en la asignación de los recursos previstos por la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce).

Esta iniciativa, posterior a otra propuesta del BNG en comisión parlamentaria para pedir la retirada del anteproyecto de la "Ley Wert" —que contó con el respaldo de toda la oposición—, ha derivado en un debate sobre la propia normativa, que únicamente fue apoyada por el PP.

De hecho, los grupos de la oposición han coincidido en criticar una norma "segregacionista y reaccionaria", mientras que el portavoz del PP en la materia, Román Rodríguez, ha avalado la aprobación de un nuevo texto legal ante el actual "abismo educativo" en el que se encuentra España tras "casi 30 años del modelo impulsado por el PSOE".

En cuanto a su proposición no de ley, ha defendido que se tengan en cuenta las "especificidades territoriales" de Galicia, que provocan un "sobrecoste" en la prestación de los servicios complementarios básicos. Por ejemplo, el transporte escolar en esta comunidad supone "el 20 por ciento" del gasto total en España pese a que su alumnado es "el seis por ciento".

Visión de la oposición

Sobre la propia normativa, inicialmente Cosme Pombo (BNG) ha criticado que está "al servicio de las clases dominantes" y que convierte la educación en "una carrera de obstáculos" a través de "reminiscencias franquistas" como las reválidas, de modo que "no fomenta la igualdad de oportunidades".

Además, ha asegurado que, en virtud de esta norma, el gallego queda relegado a "categoría de especialidad", por detrás de la segunda lengua extranjera o la materia de religión. Y esto pasa, ha recriminado, "con el silencio cómplice" de la Xunta, que "no defiende sus competencias" en materia educativa.

Por su parte, Ramón Vázquez (AGE) ha criticado que la Lomce devolverá la educación a "una situación predemocrática", como texto "acientífico y reaccionario" que es y en el que se prima la "competencia" en lugar de la "cooperación".

"Luis Bárcenas o los banqueros no necesitan aprender a competir, pero sí valores éticos que no se tienen en cuenta en esta ley", ha ejemplificado, entre advertencias de que esta norma "casposa" está "condenada al fracaso" ya que "no resuelve los actuales problemas" educativos.

Finalmente, el socialista Vicente Docasar ha incidido en que esta normativa conllevará un aumento del fracaso escolar, toda vez que "el sistema educativo no necesita toros bravos, sino sentido común".

"Su cómoda mayoría absoluta les lleva a pensar que pueden hacer una ley ideológica consensuada con la Fundación FAES y la Conferencia Episcopal, pero las mayorías no son para siempre", ha advertido, entre peticiones para que el PP "busque consenso" a fin de elaborar un texto legal que "dure 20 años".

"CATASTROFISMO"

Enfrente, Román Rodríguez ha minimizado el "catastrofismo" empleado por los tres grupos de la oposición y ha subrayado que el actual modelo educativo ha "fallado", de modo que "es necesaria una nueva ley".

Tras remarcar los altos índices de fracaso escolar y el 50 por ciento de paro juvenil pese a que la inversión por alumno en España es "un 21 por ciento más alta que la media de la OCDE" y a que las ratios de niños por aula es "de las más bajas", ha remarcado la necesidad de buscar nuevas fórmulas.

"Hace falta una revolución tranquila para construir un nuevo modelo que permita dejar atrás estos datos", ha juzgado, tildando de "contrarreformistas" a los grupos de la oposición y a los "sindicatos", por "agitar" a la comunidad educativa en la defensa de "un modelo obsoleto".

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