El PP rechaza en el Ayuntamiento de Valladolid crear un fondo para atender desahucios que sí apoyó en la Diputación

El Ayuntamiento declaró la ruina total de las naves de Uralita pero la propietaria de la parcela presentó un recurso

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado en el Pleno celebrado este martes una moción propuesta por Izquierda Unida que reclamaba una batería de medidas dirigidas a "prevenir" casos de corrupción en el Consistorio, durante cuyo debate el portavoz del Grupo Socialista, realizó un recorrido por supuestos casos que se han dado en la gestión municipal y que hacen que aunque Valladolid "no es Valencia ni 'Gürtelandia'", la situación sea, en su opinión, "espeluznante".

Esta ha sido una de las seis mociones de la oposición, cuatro de los socialistas y dos de Izquierda Unida; que han sido rechazadas con los 16 votos del Grupo Popular durante la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Sin embargo, en buena parte de ellas los concejales 'populares' han asegurado que algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo o están planificadas.

La primera de las mociones del orden del día, formulada por Izquierda Unida, proponía hasta ocho medidas para evitar posibles casos de corrupción, como hacer públicas las declaraciones de bienes de todos los cargos públicos, limitaciones en el urbanismo, explicar los contratos con empresas externas o detallar los criterios para la designación de cargos de confianza e incompatibilidades de los concejales del equipo de Gobierno.

El Grupo Municipal Popular ha rechazado la moción por considerar que no existe duda sobre las hipotéticas acciones irregulares en la actuación del equipo de Gobierno pues como ha criticado el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, en su habitual comparecencia ante los medios ya fuera del Pleno de Valladolid, "parece que se da por hecho que hay corrupción cuando nadie ha demostrado que la haya".

En este sentido, la concejal de IU María Sánchez había matizado que con la propuesta "no se pretende afirmar que exista corrupción" en el Ayuntamiento vallisoletano, sino que se tenía la intención de "prevenir y evitar que se den los elementos independientemente de quién esté en el Gobierno". De hecho, ha apostillado que considera que "no hay persona decente que no pueda coincidir" en la idoneidad de estas medidas.

El portavoz socialista, Javier Izquierdo, fue más tajante y añadió que considera que en el Consistorio se han producido casos de corrupción que, en algunos casos se hallan bajo proceso judicial, como las "modificaciones irregulares y subrepticias" del Plan General de Ordenación Urbana en el año 2003. Además, ha citado la concesión de viviendas protegidas a "familiares y conocidos de concejales del PP", la no abstención del alcalde en la licencia de obras sobre la parcela de Piensos CIA, o el caso del Área Homogénea de Valdechivillas que promovió un "amigo personal" del alcalde.

Para Izquierdo, pese a que Valladolid "no es Valencia, ni Gürtelandia, el relato es espeluznante" y además ha lamentado que el Ayuntamiento no muestra documentación relacionada con estos casos ni a la oposición ni a los ciudadanos. "El día que faciliten facturas a través de Internet estarán dando un gran paso en la transparencia", ha recalcado.

En el debate, el portavoz 'popular' ha considerado que el debate ha sido un "deja vú" de asuntos que ya han sido objeto de debate y que, en algunos casos, están pendientes de resolución judicial. Por ello, ha querido recalcar a los "señores de la izquierda" que no se necesitan nuevas normativas, sino "leyes y jueces independientes" para que se cumpla que "quien la haga la pague".

CONTRATOS 'A DEDO'

Además, ha aportado datos como que, de los 2.000 trabajadores municipales, nueve han sido contratados 'a dedo' por los tres grupos políticos o por decisión del alcalde y otros 79 corresponden a puestos de libre designación. También ha recordado que ninguno de los concejales de área del PP tiene otra dedicación profesional, a lo que León de la Riva ha añadido que ninguno de los ediles de su grupo "tienen un puesto nombrado a dedo en otro ayuntamiento".

Por otra parte, el PSOE acudía al Pleno con diversas propuestas dirigidas a los barrios de Pinar de Jalón, Arca Real y Zambrana, con especial atención a la situación de las antiguas naves de la empresa Uralita que suponen, en opinión de Puente, un "elevado riesgo para la salud" por la emisión de amianto que causan los constantes movimientos de personas que acuden al lugar para robar material.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, ha explicado, tras reconocer que la situación es "complicada", que a principios de enero el alcalde de Valladolid firmó un documento por el que se declaraba la ruina "inminente" de las naves pero que aún no se ha ejecutado porque la empresa propietaria de la parcela, Reyal Urbis, ha presentado un recurso contra la misma.

Por su parte, el portavoz del Grupo de IU, Manuel Saravia, y el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, han coincidido en reclamar que el Consistorio proceda a ejecutar el derribo de forma subsidiaria ante la negativa de la empresa titular del complejo.

Sánchez y el alcalde han reconocido que no se trataría de "llegar con la máquina y tirar la nave", sino que o bien la constructora o el Consistorio si lo ejecuta por su cuenta tendrían que elaborar un proyecto detallado y presentarlo a la Junta de Castilla y León para su evaluación ambiental.

En otro de los debates, el concejal socialista y también diputado provincial, Juan José Zancada, ha mostrado su sorpresa por que el PP rechazara la propuesta de creación de un fondo de solidaridad municipal de apoyo a las familias en situación de desahucio ya que hace unos días se aprobó un texto muy similar en la Diputación por el que se acordaba la provisión de 100.000 euros a un fondo para ayuntamientos de la provincia.

300.000

Euros para personas desahuciadas

Tanto la concejal de Bienestar Social y Familia, Rosa Isabel Hernández, como el alcalde han justificado que por un lado el Ayuntamiento ya ha destinado fondos de emergencia para personas en dicha situación por un total de 300.000 euros, mientras que aún dispone de 12 viviendas libres para alojar a personas en riesgo de exclusión que lo puedan requerir, algo que como ha matizado León de la Riva, la Diputación provincial se negó a aceptar en su caso.

A materias sociales se referían otras dos propuestas rechazadas, como la de IU para mejorar el programa de formación para el empleo e instar a la Junta a aumentar la dotación presupuestaria que recibe el Ayuntamiento para estas medidas; y otra del PSOE que pedía la creación de un Plan de Inclusión y Cohesión Social para atender las necesidades de personas en exclusión o en riesgo de estarlo.

El sexto de los asuntos declinados por el equipo de Gobierno ha sido la reclamación del PSOE de que se emprendan las acciones precisas para ejecutar el "cobro inmediato" de las sanciones impuestas a Promociones Eurocosmos por el derribo de dos inmuebles de la calle labradores pese a que sus fachadas estaban protegidas. Óscar Puente se ha preguntado "por qué estuvo 17 meses parada la sanción" y si el Ayuntamiento "tarda tanto" en cobrar multas e infracciones a "ciudadanos de a pie".

La edil Cristina Vidal ha explicado el procedimiento sancionador, iniciado en 2011, tras estudiar el caso del derribo ejecutado en mayo de 2009, y ha apuntado que se frenó en primer lugar por una solicitud de aplazamiento presentada por la empresa pero que se ha vuelto a activar al no presentarse una garantía de que la sancionada tiene fondos para abonar la cantidad (1,2 millones de euros). Actualmente hay dos vías abiertas, la de la Justicia, con un recurso presentado por la empresa, y la económica para la que el Consistorio presentó una providencia de apremio, también recurrida.