El juicio contra Maurilio P.C, exjefe de la Sección de Minas de la Junta, acusado de presionar a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran socios a él y su hermano, también imputado, para no perjudicarles, se inicia, por fin y después de tres suspensiones, este lunes.

Compartirán banquillo el citado Maurilio P.C. y su hermano Amado, no así el ingeniero de Minas José María I.F, ya que el fiscal solicitaba desde el principio su absolución y las dos acusaciones particulares que le imputaban—Álvarez Fray y Julio C. Valle Feijoo y Minas—han decidido retirar en las últimas semanas los cargos contra él, con lo que la participación de este último en el juicio se circunscribirá a la de mero testigo, según pudo saber Europa Press en fuentes jurídicas.

Pero además, las empresas de áridos Alvárez Fray S.L, Julio César Valle Feijoo y Minas S.L. y Gracalsa han visto cómo parte de los delitos que imputaban al principal acusado, Maurilio P.C, y el hermano de éste, Amado, han sido excluidos del proceso, lo que ha obligado a dichas partes a modificar 'a la baja' sus respectivos escritos acusatorios—implica también una reducción en las penas a solicitar—ya que el tribunal ha realizado una criba previa que ha supuesto eliminar de la causa los delitos de amenazas y falso testimonio y excluir otros debido a su inconcreción y falta de legitimación, como el de intrusismo.

Aunque la resolución de la Audiencia de Valladolid supone 'cortar las alas' a las empresas afectadas, una de las cuales, Álvarez Fray, solicita un conjunto de indemnizaciones cercano al millón de euros, para nada afecta a los escritos presentados por la Fiscalía de Valladolid y la Junta, que también figura como acusadora particular, por lo que los delitos imputados por ambas partes y las penas pedidas no sufren modificación alguna.

El juicio, que ha sufrido distintas suspensiones ocasiones, se iniciará por fin este lunes con el interrogatorio de los dos hermanos acusados y de nueve testigos propuestos por la acusación pública. A Maurilio P.C, exjefe de Minas, se le acusa, como principal cargo, de haber coaccionado a empresarios del sector de la explotación de áridos para que, entre otras dádivas, les hicieran a él y a su hermano socios de dichas mercantiles como condición para no perjudicarles.

Seis años para el exjefe de minas

Con carácter provisional, Maurilio P.C. se enfrenta a una posible condena global de seis años de cárcel, en concreto dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación y 30.000 euros de multa por delito continuado de cohecho, en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, y otros cuatro años, multa de 6.750 euros, inhabilitación por tres años por un delito de falsedad en documento oficial, además de otros 450 euros de multa por una falta de intrusismo.

Para su hermano, Amado P.C, la acusación pública interesa también dos años como cooperador necesario en el delito continuado de cohecho, inhabilitación por cinco años y 30.000 euros de multa.

Las acusaciones consideran como hechos probados que Maurilio P.C. compaginó el puesto de jefe de Minas, en comisión de servicios y durante diferentes periodos entre los años 2000 y 2004, con el de delegado del Colegio de Ingenieros de Minas, con sede, al igual que el domicilio del acusado, en la calle Marcelo González, donde, además también contaba con oficina la mercantil 'Asesoría Integral a la Minería', cuyo objeto social era coincidente con el ámbito de actuación de la jefatura minera y que fue constituida el 12 de febrero del 2003 por la esposa del imputado, única socia y administradora.

En su relato de hechos, sostienen que durante el tiempo en el que Maurilio P. ocupó la Jefatura de Minas utilizó su cargo para "presionar" al empresario Julio César V.F, que había acudido a interesarse por un expediente que tramitaba, con el objetivo de que le hiciera a él o a su hermano, también acusado, socio de su empresa, 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico', constituida el 23 de febrero de 2001, así como para que fuera él mismo el que decidiera quién debería ser el técnico que debía firmar y cobrar los proyectos que presentase la mercantil en la Sección de Minas.

Sus informes y el futuro de la empresa

En caso contrario, le advirtió de que la marcha de su sociedad dependía de los informes suyos como jefe de Minas, y "que si no hablaba bien de ella tendría los días contados", por lo que el empresario se plegó finalmente a tales requerimientos.

Así, el representante de 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico' hizo socio de la misma a Amado P.C, hermano del jefe de Minas, y le vendió 564 acciones por un importe estimado en septiembre del 2002 de 5.640 euros.

Pero además, Julio César V.F. llegó a actuar como letrado de Amado P.C, sin remuneración alguna, en un procedimiento en vía contencioso-administrativa, e incluso se "vio obligado" a pagar 8.432 euros de las obras que Maurilio P. realizó en un piso de su propiedad y que se utilizaba como sede del Colegio Oficial de Minas.

Los acusadores entienden que el exjefe de Minas coaccionó a otros dos empresarios más con igual pretensión al objeto de que contrataran a su hermano o para que fueran firmados por él los proyectos que presentasen, si bien los industriales, representantes de Cementos La Parrilla y Álvarez Fray, no accedieron finalmente a sus pretensiones.

El juicio contará entre sus testigos con la presencia del que en la época investigada fuera delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, hoy portavoz del Grupo Popular en la Diputación vallisoletana, así como del exdelegado de la Junta Mariano Gredilla y del exsecretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado, casualmente sustituido en este cargo por el anterior.