El Gobierno de Cantabria se ha mostrado este sábado contrario al encierro de una parte de los afectados por la Ley de Montes en la Junta de Voto y ha defendido la actuación que está llevando a cabo en este asunto, atendiendo "de manera puntual" en la solución de la "muy diversa casuística" que ha generado esta legislación.

En un comunicado, y tras censurar un encierro que "altera las labores habituales" de los trabajadores del Ayuntamiento y causa "perjuicios" a los ciudadanos, el Gobierno regional ha recordado que la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural ha emitido la Orden 16/2012, que, en su opinión, "ha resuelto" la situación creada tras la entrada en vigor de la Ley.

Ha recordado que la Ley de Montes "impone" la caducidad e imposibilidad de renovación de los antiguos consorcios de aprovechamiento de los montes de utilidad pública.

El Gobierno ha señalado que la Orden establece el procedimiento de otorgamiento de las concesiones administrativas por interés particular, los nuevos convenios, que son el mecanismo que el Derecho impone para el uso de los montes de utilidad pública.

El Ejecutivo ha explicado que, en base a esta norma, y tras las reuniones mantenidas por responsables de la Dirección General de Montes con los interesados del municipio de Voto, se ha iniciado la tramitación de más de treinta convenios de aprovechamiento forestal de otras tantas parcelas enclavadas en Montes de Utilidad Pública del municipio, un procedimiento que se está desarrollando en otros municipios, como Castro Urdiales, en concreto en la Junta Vecinal de Otañes.

Tras la última reunión celebrada el viernes con los interesados de esta Junta, el Gobierno regional estima que se van a suscribir doscientos convenios en la misma.

Ha recordado que el presidente de la Junta Vecinal de Otañes, Santiago Berriolópez (PSC-PSOE) ha mostrado públicamente su "adhesión" a las medidas tomadas por el Gobierno de Cantabria.

El Gobierno ha añadido que, al mismo efecto, se han celebrado encuentros con particulares en la Junta Vecinal de Viérnoles, en la que la estimación del número de convenios a suscribir es de sesenta.

Además, el Ejecutivo regional ha recordado que la resolución de expedientes previos a la vía jurisdiccional es otra de las vías que está acometiendo el Gobierno para la solución de la problemática.

A día de hoy, el número total de expedientes tramitados asciende a 1.732, de los que se ha dado contestación a 1.429.

Otra medida puesta en marcha por el Ejecutivo cántabro es la desafectación puntual de parcelas que han perdido la condición de monte de utilidad pública, medida que —ha sostenido— "sólo puede implementarse con carácter excepcional".

Por otra parte, el Gobierno regional ha iniciado la rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública en diez municipios. Además, se encuentran en tramitación cuatro permutas.

Los dos informes de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia y Justicia entienden que la posesión en concepto de dueño, de forma pacífica y no interrumpida durante treinta años de una parcela enclavada en monte de utilidad pública es un medio válido para adquirir su propiedad.