Sindicatos apuntan que 70% de expedientes de prejubilados están "desbloqueados" y prevén que todo esté resuelto este mes

Los sindicatos han asegurado que el 70 por ciento de los expedientes y casos de prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) están "desbloqueados", de forma que han indicado que la intención es que "todos los casos estén resueltos y finiquitados a finales de febrero".

Los sindicatos han asegurado que el 70 por ciento de los expedientes y casos de prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) están "desbloqueados", de forma que han indicado que la intención es que "todos los casos estén resueltos y finiquitados a finales de febrero".

Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que "prácticamente todos han cobrado o se les está ultimando su expediente", de forma que "el grueso de prejubilados recibirán las cantidades en unos días", toda vez que "quedan pendientes algunos flecos cuya resolución se impulsará en febrero".

No obstante, reconocen que "solo quedan por aclarar algunos casos muy puntuales que presentan irregularidades, de personas particulares, que deberán esclarecer ante la propia Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo".

Estos pagos se producen después de que se culminaran los pagos atrasados a los cerca de 300 prejubilados por ERE afectados por la quiebra de la aseguradora belga Apra Leven, o los pagos a varios colectivos de Santana.

Estos prejubilados se contemplan en el decreto ley 4/2012, un proceso mediante el que la Junta asume el pago directo de las ayudas sociolaborales a esos extrabajadores, un proceso que ha tenido "varias fases" en cuanto a la implantación y extensión del decreto en los diversos colectivos.

Este decreto ley supone que la administración autonómica asume directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción, lo que afecta a 1.383 exempleados de las empresas Grupo Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi Automotive System España y Boliden Apirsa, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven, que se encargaba de gestionar las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.

El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un gasto de 224,9 millones de euros (en torno a unos 14,9 millones anuales), con un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras.

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