Dos enmiendas de afiliados del PSE-EE a la Ponencia política que se debatirá en el próximo Congreso del partido, que se celebrará los días 9 y 10 de febrero en Bilbao, proponen que se pueda abrir "un proceso de secesión de una parte del Estado" si sus defensores lo plantean "de forma clara y con una mayoría clara y contrastada".

En concreto, se han presentado 554 enmiendas al texto, entre las que se encuentran estas dos que inciden "en la necesidad de proponer una iniciativa legislativa para dar forma al Principio de Claridad, tomando como referencia ineludible la Ley de Claridad de Canadá del año 2000", con el fin de que "quepa abrir un proceso de secesión de una parte del Estado, si es planteada por sus defensores de forma clara y con una mayoría clara y contrastada".

En este sentido, se llega a plantear que el PSE-EE celebre a lo largo del presente año una Conferencia Política sobre la Ley de Claridad y sobre el autogobierno de Euskadi.

En cuanto al autogobierno, varios los militantes muestran su disposición a debatir sobre el futuro marco jurídico político, "aunque sea sobre planteamientos que no son del PSE". "No debemos negar el debate sobre la opinión ciudadana. Sabemos que la mayoría de los vascos se opondrían a aventuras separatistas que perjudiquen tanto a la sociedad como al tejido económico vasco", añaden.

Estas aportaciones se suman a una enmienda ya conocida, planteada por la Agrupación de Irún que aboga por "blindar el autogobierno" "con la apuesta de un nuevo estatuto político vasco", una iniciativa que, en su opinión, "encaja perfectamente con el modelo de federalismo asimétrico propuesto por el secretario general del PSOE".

Tras abogar por "romper la división clásica de la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas", los defensores de este planteamiento sostienen que, si el nacionalismo planteara en esta legislatura en el Parlamento vasco una iniciativa que buscara ejercer el derecho a decidir mediante una consulta a la ciudadanía sobre la relación entre Euskadi y España, siempre en un escenario en el que ETA hubiera desaparecido, no deberíamos oponernos a su ejercicio".

No obstante se precisa que, en tal caso, sería imprescindible enmarcar el mismo "en las reglas de la democracia y la legalidad".