La crisis económica ha motivado parte de las quejas ciudadanas presentadas al Justicia de Aragón durante 2012, un total de 2.309, un 7 por ciento más que en 2011. Las administraciones públicas han aceptado un 4 por ciento más de quejas que el año anterior, según ha dicho el titular de la institución, Fernando García Vicente, quien ha presentado el informe de 2012 en las Cortes de Aragón.

En la provincia de Zaragoza se presentaron 1.610 quejas, 307 en la de Huesca y 178 en la provincia de Teruel, ha señalado el Justicia, quien ha indicado que abrió 130 expedientes de oficio.

En Educación se han contabilizado 222 quejas, en asistencia social 211, en empleo público 162, en Hacienda 188, en Interior 169, en Justicia 165, en Medio Ambiente 133, en Sanidad 144, en Vivienda 105 y en Urbanismo 119.

En el área de Servicios Públicos han sido 87 las quejas presentadas, mientras que en contratación pública se han elevado a 33, en Industria 31, en menores 58, en Obras Públicas 40, en Seguridad Social 62 y en Trabajo 69. Del total de quejas presentadas 723 corresponden a la Administración Local, 756 a la autonómica y 77 a la Administración del Estado. El Justicia dictó 393 resoluciones, un 26 por ciento más que en 2011. La institución ha contribuido a resolver los problemas de los ciudadanos en 1.620 expedientes.

"URGENTE"

El Justicia ha propuesto que se prioricen la concesión de prestaciones sociales ya que "lo más urgente y lo más necesario es lo que hay que cubrir primero". Ha aumentado un 34 por ciento las quejas relativas a la asistencia social, debido a la crisis.

Fernando García Vicente ha tramitado numerosos expedientes relacionados con la atención a la dependencia y ha destacado que la Administración ha rebajado el grado de dependencia reconocido en varios casos.

En el área de menores ha descendido el número de quejas al pasar de 72 en 2011 a 58 en 2012. Sí han aumentado las quejas por la falta de acuerdo con las resoluciones que se dictan en los Puntos de Encuentro y ha comentado que las adopciones internacionales han caído en picado.

El Justicia de Aragón ha resaltado el "elevado número de actuaciones de control" en residencias privadas de mayores, "pero pediría más control en las públicas". También ha lamentado que el acceso a las ayudas a domicilio en la ciudad de Zaragoza "está colapsado".

La institución ha abierto tres expedientes de oficio al Hospital de Barbastro y al de Alcañiz, y un tercero por las listas de espera en la atención sanitaria especializada.

García Vicente abrió un expediente de oficio para conocer si sería posible que el reintegro de las cantidades adelantadas en la compra de productos farmacéuticos —copago— se llevara a cabo en un plazo inferior al previsto, expediente que se encuentra en tramitación.

IMPUESTOS

El Justicia de Aragón ha puesto de relieve el "afán recaudatorio sobre las clases medias" y ha recomendado que "antes de subir los impuestos que paguen todos los que tienen que pagar" y que se supriman los nichos de exención fiscal. En el área de Economía y Hacienda se ha pasado de 159 a 222 expedientes.

Ha hecho notar que "hay muchos ciudadanos preocupados" por el aumento del valor fiscal de los inmuebles y la reducción del precio de venta de los mismos. "La gente no entiende el aumento de los valores catastrales", ha continuado el Justicia. "Se está recaudando con un rigor excesivo", ha insistido.

"En Interior vemos un enorme afán recaudador" ya que se han contabilizado 73 quejas más por multas. Asimismo, ha considerado "preocupante" la situación del Registro Civil de Zaragoza.

También han aumentado las quejas en Educación, especialmente las de comedor, y hay pocas sobre la calidad de la enseñanza. Ha subrayado que en el curso pasado el 53 por ciento de los alumnos de Educación Secundaria aprobaron el curso sin asignaturas pendientes y el 15,94 por ciento repitieron. "La base del sistema educativo es el profesor", ha recalcado.

En Medio Ambiente "pedimos más respeto al arbolado urbano". Ha mencionado algunas actuaciones de la institución respecto al Soto de Cantalobos y el Reglamento de la Ley de Caza.

El Justicia ha recibido 6 quejas sobre la Ley de Lenguas, una de ellas por rechazar el Ayuntamiento de Fraga un documento en catalán y otra que proponía crear un premio a la mejor canción en aragonés.

En materia urbanística, el Justicia evaluó el ejercicio de las competencias municipales de inspección y control del estado de conservación de la edificación, órdenes de ejecución y declaración de ruina.

Respecto a los desahucios inmobiliarios, ha opinado que "hay que buscar una solución que permita que nadie se quede en la calle". Ha recomendado actualizar el Plan de Vivienda Social para agilizar el procedimiento de adjudicación de vivienda de alquiler.

En la Administración Pública hay problemas como la elevada temporalidad, la tasa de interinidad y la falta de transparencia en el acceso a los puestos de trabajo.

GRUPOS

El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha afirmado que "si no se cambia de políticas como las que ahora se están aplicando, el drama social podría ser todavía peor" y ha alertado de "la pérdida de derechos".

"Estamos con unos niveles de paro absolutamente inaceptables", ha continuado el portavoz de IU, quien ha recordado que en toda España se han producido 300.000 desahucios y ha considerado que "se está minando la democracia".

Se están sustituyendo los servicios sociales por "caridad y beneficencia" y ha animado Barrena a "volver a situar en el centro de la acción política la persona, el ciudadano o ciudadana con sus necesidades y derechos".

Por su parte, el presidente del Grupo de CHA, José Luis Soro, ha aseverado que la crisis "tiene muy mala pinta, vamos de mal en peor" y ha argumentado que "las políticas de austeridad" conducen a "horadar derechos subjetivos, a vaciar de contenido el Estado del Bienestar".

En el área de lenguas propias CHA ha puesto "un cero" al Justicia porque en la institución "están haciendo una dejación de funciones" y ha apelado a la Ley de lenguas minoritarias, todavía vigente, que reconoce los derechos subjetivos de los aragoneses en esta materia.

El portavoz del Grupo del PAR, Alfredo Boné, ha asegurado que "hoy el Justiciazgo es, si cabe, más necesario que nunca en Aragón" porque "las dificultades socioeconómicas pueden alterar algunos de estos derechos y libertades aragoneses".

Boné ha defendido las medidas introducidas por el PAR en los Presupuestos de 2013 para fomentar el alquiler social y ha apostado por el "aragonesismo social", que conlleva "la preocupación por aquellos aragoneses que peor lo están pasando".

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha apreciado que la visión que aporta el Justicia en su informe de 2012 "presenta un paisaje escabroso, árido y complicado, casi inhóspito", lo que ha atribuido a las políticas del Gobierno PP-PAR.

Broto ha emplazado al Gobierno a "garantizar los servicios sociales para mantener un nivel de vida digno de todos los ciudadanos" porque solamente con estos servicios todos los ciudadanos pueden ser "miembros de pleno derecho de esta sociedad".

Ha mencionado los problemas existentes en temas como las becas de comedor, la reducción de personal de los centros sanitarios, el desempleo y la vulnerabilidad de algunos colectivos.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha señalado que "la obligación del Gobierno es seguir mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión" y ha considerado que "si no somos muy puntillosos sería complicado mantener nuestro sistema de bienestar social". El primer objetivo es "atender a los más necesitados".

"La crisis, como se puede ver en el trasfondo quejas, están dañando especialmente a las clases medias y las más desfavorecidas", ha destacado Celma.