El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha lamentado que el Parlamento vasco "cierre la puerta al derecho a la justicia" de las víctimas del terrorismo, después de que la Cámara vasca se opusiese el jueves a "reclamar Justicia para el 40 por ciento de los asesinados por ETA". A su juicio, ha quedado de manifiesto "lo poco que pesan las demandas de memoria, dignidad y justicia" para el conjunto esta institución.

Covite ha realizado este pronunciamiento, en un comunicado, tras conocer que, gracias a la información trasladada por el colectivo a la Audiencia Nacional, se ha reabierto un caso de asesinato que iba a prescribir el próximo martes. Se trata del asesinato del policía nacional Ignacio Pérez Álvarez, sucedido el 30 de enero de 1990 en Galdakao (Bizkaia) y en el que estaría imputada la ex miembro de ETA Carmen Gisasola.

"El paso dado por la Audiencia Nacional no se hubiera producido sin la intermediación de Covite", ha remarcado la asociación, la cual ha remarcado que esta circunstancia "es sólo un ejemplo que demuestra que el Estado de derecho no ha centrado sus esfuerzos en una demanda clave para los damnificados: la resolución de los crímenes sin resolver"".

De este modo, ha insistido en que el hecho de que Covite, financiando investigaciones, haya logrado que se rescaten sumarios olvidados "no es un triunfo para las víctimas, sino la evidencia de que la maquinaria del Estado de derecho no funciona correctamente".

CRITICAS

Por ello, el colectivo de víctimas se ha mostrado crítico con el posicionamiento mostrado el jueves en el Parlamento vasco por formaciones políticas como PNV, PSE-EE y EH Bildu, "que se opusieron a instar al Gobierno y a la Justicia a resolver los 326 asesinatos de ETA, muchos de los cuales no acaparan la atención adecuada".

En ese sentido, ha apuntado que un sector del Parlamento justificó su actitud argumentando que "no le constaba que la Justicia hubiera suspendido las investigaciones", mientras que otro segmento "dejó caer que el debate de los crímenes sin resolver no aporta nada".

A su entender, "una Cámara que tiene problemas para pedir que se investiguen los asesinatos de ETA sin resolver es una Cámara que no está al tanto de las circunstancias en las que se gestionó la Justicia para las víctimas de ETA en los años 80 y principios de los 90".

"Ya sea por ese desconocimiento, preocupante al afectar a líderes que deben impulsar una regeneración moral, o por que las consecuencias de 30 años de terrorismo ya han pasado a un segundo plano en la agenda de parte del Parlamento, Covite está en la obligación de reprochar una actitud que pone trabas a la superación del horror causado por ETA", ha concluido.